La administración de Donald Trump confirmó sus planes de instalar 17 millas de barreras metálicas dentro del Parque Nacional Big Bend, en Texas. El objetivo declarado de esta medida es impedir el paso de vehículos todoterreno hacia y desde el río Grande, una zona clave de la frontera.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la construcción no se asemeja a un muro fronterizo tradicional de 30 pies. En su lugar, se trata de postes metálicos de aproximadamente cuatro pies de altura, unidos por una barra transversal continua, pensados para permitir el tránsito de la fauna y el paso de personas a pie.
Este proyecto resurge después de que la administración Trump desistiera de propuestas anteriores para construir un muro completo en el parque. Aquellos planes fueron rechazados por funcionarios locales y residentes del oeste de Texas, quienes alertaron sobre el potencial impacto visual y ambiental. Ahora, CBP argumenta que ciertas áreas bajas del parque son accesibles para vehículos y, por ende, requieren medidas de seguridad.
Spectrum News informó que CBP ha especificado que el contrato no incluye una barrera física de 30 pies en el Parque Nacional Big Bend, el Parque Estatal Big Bend Ranch o el Área de Manejo de Vida Silvestre Black Gap. Los fondos se destinarán a 17 millas de sistemas de barreras vehiculares, cámaras y unas 205 millas adicionales de sensores y barreras de tipo poste-sobre-riel en ubicaciones estratégicas.
The Guardian añadió que el sistema formalmente propuesto dentro del parque no será continuo y se distribuirá en cuatro puntos específicos. Las barreras tendrán una altura de entre cuatro y seis pies y se complementarán con caminos, tecnología de detección, postes de servicios, iluminación y cámaras de vigilancia.
La principal preocupación que genera el proyecto radica en su impacto ambiental y patrimonial. The Guardian reveló que el Departamento de Seguridad Nacional emitió una exención que acelera la construcción al suspender la aplicación de normativas cruciales como la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Agua Limpia, entre otras protecciones.
El Parque Nacional Big Bend abarca unas 800.000 acres, incluyendo el desierto chihuahuense, la cordillera Chisos y el corredor del río Grande. Cada año, recibe a aproximadamente medio millón de visitantes que disfrutan de actividades como senderismo, campamento, observación de estrellas y navegación fluvial. Para los críticos del proyecto, estas características hacen que cualquier intervención en la zona sea especialmente sensible.
Antiguos superintendentes de Big Bend han solicitado el rechazo de la exención, advirtiendo en una carta que las barreras, caminos y demás infraestructura causarían daños innecesarios en un área que, a su juicio, presenta bajos niveles de actividad ilegal debido a su aislamiento, terreno escarpado y barreras naturales.
Mientras CBP asegura que continuará coordinando con el Servicio de Parques Nacionales y otras agencias, la controversia está en curso. Para el gobierno federal, el proyecto representa una cuestión de seguridad fronteriza, mientras que para los opositores locales y ambientales, es una obra innecesaria que podría alterar de forma permanente uno de los paisajes más emblemáticos de Texas.
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