A solo tres días de las elecciones presidenciales en Brasil, el exmandatario Jair Bolsonaro ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, buscando anular su condena por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. La defensa también solicita la suspensión cautelar de su pena de 27 años de prisión, lo que le otorgaría libertad provisional mientras el Supremo analiza el caso.
Bolsonaro, quien cumple su sentencia bajo prisión domiciliaria, formalizó esta nueva revisión criminal ante la Corte Suprema el 25 de septiembre. La petición incluye la inmediata interrupción de la ejecución de la condena, abriendo la puerta a su liberación provisional. Un día antes, el 24 de septiembre, sus abogados ya habían intentado un movimiento similar, pero retiraron la solicitud horas después debido a divergencias internas en el equipo de defensa.
El pedido del líder ultraderechista fue asignado al magistrado Kassio Nunes Marques, quien ocupa uno de los 11 asientos del alto tribunal desde 2020, tras ser postulado durante el propio gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
Como argumento principal, la defensa ha presentado un informe técnico que destaca “diversas irregularidades” en la cadena de custodia de ciertas pruebas digitales utilizadas durante el proceso. Aunque el documento no afirma que los archivos hayan sido adulterados, sí señala que no fue posible comprobar de manera íntegra el origen, la extracción y el procesamiento de algunos datos. Esto, según los abogados, limitó la capacidad de la defensa para verificar la autenticidad de las pruebas.
Entre los cuestionamientos específicos, se menciona el tratamiento de los mensajes de la aplicación Signal extraídos del teléfono del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro. El informe detalla que algunas conversaciones se registraron mediante filmaciones de la pantalla del teléfono, en lugar de una extracción pericial y forense de los datos. Además, la defensa objeta la ausencia de los archivos originales obtenidos del teléfono de Bolsonaro, lo que impidió una auditoría completa de ese material.
Los abogados sostienen que estas dudas sobre el acceso y la verificación de las pruebas se refuerzan con debates internos en el Supremo Tribunal Federal, específicamente en relación con el caso que involucra al magistrado Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, actualmente preso por acusaciones de fraude. La defensa cita las discusiones de los magistrados y el fiscal general sobre los límites que impone el sistema acusatorio a la actuación investigadora de los jueces y sobre el derecho de las partes a acceder a las pruebas.
En este contexto, se refieren a la apertura de una investigación contra De Moraes a raíz de mensajes intercambiados con Vorcaro, un procedimiento que la Fiscalía cuestionó por considerar que debió haber sido sometido al pleno del Supremo. Los abogados de Bolsonaro trazan un paralelo, afirmando que una situación similar se dio con la investigación que incorporó al expresidente al proceso sobre la difusión de informaciones falsas y que, posteriormente, sirvió de base para las acusaciones de la trama golpista. Según la defensa, esa investigación no fue presentada al pleno de la Corte cuando Bolsonaro aún era presidente, lo que, a su juicio, vulneró el reglamento interno del Supremo.