La cooperativa CALF presentó una denuncia penal por fraude eléctrico en barrios cerrados de Neuquén, tras detectar conexiones clandestinas en propiedades de alto poder adquisitivo.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, con el pedido de investigar la sustracción ilegítima de energía y avanzar con allanamientos para inspeccionar los inmuebles involucrados.
Desde la cooperativa señalaron que las maniobras no responden a fallas técnicas, sino a acciones deliberadas para evitar el pago del servicio.
Entre las irregularidades detectadas se identificaron conexiones subterráneas directas, sistemas de bypass que eludían medidores y alimentación clandestina de equipos de alto consumo, como climatización, piscinas calefaccionadas y sistemas de riego intensivo.
La denuncia se encuadra, en principio, en los delitos de hurto y robo previstos en el Código Penal argentino. En ese marco, CALF solicitó órdenes de allanamiento para al menos cinco propiedades ubicadas en sectores exclusivos de la ciudad.
El objetivo es verificar las instalaciones internas y determinar responsabilidades sobre los consumos irregulares.
La ofensiva judicial apunta a terminar con la impunidad, identificar a los responsables, verificar los consumos y garantizar la seguridad del sistema eléctrico.
Desde la conducción de CALF advirtieron que la energía sustraída termina siendo absorbida por los usuarios que sí pagan sus facturas, y remarcaron que no permitirán que el nivel socioeconómico funcione como protección frente a prácticas ilegales.
La cooperativa confirmó que continuará aportando pruebas técnicas y que los controles se extenderán a otros sectores de la ciudad.