Carboneras aprueba anular la licencia de El Algarrobico tras el ultimátum de los jueces y 23 años después de concederla

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2023, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (…) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (…) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (…) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.