El juicio por jurados que juzga a Roberto Daniel Sánchez por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén completó una etapa determinante con el cierre de la ronda de testigos presentados por el Ministerio Público Fiscal. Durante la audiencia, los testimonios de un psiquiatra forense y un perito criminalístico fueron cruciales para desarticular la defensa de una legítima defensa o emoción violenta, consolidando en cambio la teoría de un ataque desmedido signado por la violencia de género y la transfobia.
La jornada comenzó con la declaración de Fernando Ariel Méndez, el psiquiatra forense que evaluó a Sánchez tras el crimen. El especialista detalló que en la pericia efectuada el 18 de noviembre se determinó que el acusado es una persona «orientada globalmente», capaz de conectar pasado, presente y futuro, con memoria, estado afectivo y conducta normales, y sin antecedentes o sintomatología psiquiátrica derivada de su consumo de cocaína.
Méndez desestimó categóricamente que Sánchez haya actuado bajo un estado de emoción violenta o con falta de control emocional, precisando que un evento desencadenante de ese tipo requiere una gravedad que no se dio en el caso. El forense reprodujo la versión del imputado, quien afirmó que tras un forcejeo donde supuestamente la víctima lo atacó con una bombilla y amenazó con contagiarle HIV, él reaccionó bajo la premisa de «era él o yo». Sin embargo, el perito remarcó que Sánchez no perdió la lucidez, al punto de dejar el cuerpo en el baño y retomar sus actividades habituales inmediatamente después del ataque.
A su turno, el licenciado en criminalística Eduardo Prueger ofreció un detallado análisis de la escena y las evidencias reunidas, destacando al menos siete elementos técnico-científicos centrales. Prueger subrayó la identidad de la víctima, remarcando que Azul era una mujer trans cuyo género estaba reconocido oficialmente por el RENAPER, y que su identidad era plenamente perceptible por el imputado desde el momento en que la contactó.
El criminalista hizo hincapié en el concepto de overkill, explicando que la cantidad y gravedad de las lesiones superaron con creces lo necesario para provocar la muerte. Según Prueger, solo dos de las múltiples heridas (las que afectaron el corazón y la aorta) eran mortales, mientras que el resto —localizadas en las manos, glúteos y rostro— evidenciaban la brutalidad del agresor y los intentos desesperados de defensa de la víctima.
Entre los hallazgos más contundentes, el perito demostró una marcada asimetría de lesiones entre el atacante y la víctima, que hubo tiempo suficiente para cambiar de arma blanca mientras Azul yacía inmóvil, y que la víctima nunca representó un peligro real para el imputado.
Respecto al posterior descarte del cuerpo en un desagüe, Prueger concluyó que el agresor manipuló el cadáver como un objeto desechable, enviando «un mensaje que sigue después de la muerte, dirigido al colectivo que representaba Azul». El experto sentenció: «Azul no fue asesinada por algo que haya hecho, fue asesinada por lo que era. Eso es lo que los protocolos señalan como un crimen de odio por la identidad de género».
El debate oral cuenta con la acusación del fiscal jefe Agustín García, la querella representada por los abogados Fernando Gómez y Shirley Sarasola, y la defensa técnica a cargo de Ezequiel Leanza. Tras el cierre del bloque probatorio del Ministerio Público Fiscal, las próximas audiencias escucharán la prueba testimonial de la querella y de la defensa. Una vez completadas estas instancias, se dará paso a los alegatos de clausura, previstos para la próxima semana, donde el jurado popular se retirará a deliberar para emitir su veredicto sobre la responsabilidad penal de Roberto Daniel Sánchez.