En un giro significativo en el «caso Comarsa», el juez Juan Manuel Kees resolvió liberar al dueño de la empresa y a dos gerentes del delito de fraude, aunque confirmó que la causa avanzará a juicio por el cargo de contaminación peligrosa para la salud. La decisión fue comunicada pasadas las 14 horas, en el marco de la audiencia de control de acusación que precede al juicio.
La compleja audiencia de control de acusación, diseñada para determinar la viabilidad de iniciar el juicio por la contaminación con residuos de Vaca Muerta en el Parque Industrial de Neuquén, se extendió durante varios días. La fiscalía había sostenido que los imputados orquestaron una maniobra para obtener millones de dólares ilícitamente, presentando una lista de 91 testigos. Sin embargo, el juez Kees optó por considerar únicamente la acusación relacionada con la contaminación peligrosa.
El fiscal Maximiliano Breide Obeid, de la fiscalía de delitos ambientales, reiteró su intención de que el juicio se celebre con un jurado popular. Por su parte, las defensas de los tres imputados —cuyos nombres e imágenes no pueden difundirse por orden judicial— también presentarán sus propios testigos, entre ellos varios funcionarios señalados por haber actuado en un presunto «doble rol».
Paralelamente a estas audiencias, la defensa del propietario de la empresa tratadora de residuos peligrosos elevó un planteo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitando la suspensión del juicio a cambio de una probation. Esta propuesta incluía la donación de equipamiento para hospitales de Neuquén, el compromiso de tres años de buena conducta y la continuidad en el retiro de los residuos peligrosos hacia Añelo. Los vocales de la sala penal del TSJ, Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Genari, tienen hasta el 5 de noviembre para emitir su veredicto al respecto.
Mientras tanto, la fiscalía especializada en delitos ambientales y el equipo de defensores continuaron con las audiencias de control de acusación ante el juez Kees en la Ciudad Judicial. El magistrado incluso autorizó suspender una jornada para que las partes participaran en la audiencia de impugnación en el cuarto piso del TSJ, lo que refleja la complejidad y las múltiples instancias de este proceso.
En sus argumentos, el fiscal Breide Obeid fue contundente al acusar al dueño y a los dos gerentes: «De ser una empresa tratadora de residuos de petróleo pasó a ser un basurero de petróleo». Aseguró que la maniobra, ejecutada con la «participación necesaria» de los acusados, se ideó para «cobrar las ganancias» y retirar fondos a través de contratos, mayoritariamente con YPF.
Según la fiscalía, se falsificaron certificados ambientales para simular el tratamiento del material, permitiendo así seguir acopiando y cobrando. Las ganancias obtenidas por este ardid se estiman en más de 7 millones de dólares. Breide Obeid indicó que los imputados cobraron por servicios de tratamiento de residuos petroleros de Vaca Muerta que nunca realizaron, situando el período de contaminación desde 2013 hasta la formulación de cargos en febrero de 2025, y aclaró que «sigue en la actualidad».
Las defensas, por su parte, cuestionaron la continuidad de las audiencias de control de acusación mientras el TSJ delibera sobre la probation. En su opinión, una eventual condena sería de cumplimiento en suspenso. Este argumento fue rebatido por Breide Obeid, quien aseguró que los imputados enfrentan una pena de más de 6 años de prisión por conducta criminal dolosa.
En relación con la defensa, los abogados Marcelo Muñoz y Mario Rodríguez Gómez se apartaron de la representación del dueño y de uno de los gerentes. Ahora, Martín Segovia defenderá al titular de la firma, que posee una vasta acumulación de residuos contaminantes en el PIN Oeste, y Gonzalo Rodríguez representará al coimputado. Javier Pino Muñoz continúa en la defensa del tercer gerente. Uno de los imputados, al pedir la probation ante el TSJ, declaró: «No soy empresario, soy un ingeniero en relación de dependencia».
El Tribunal Superior de Justicia también informó haber aceptado a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina (FARN) y al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) como amicus curiae para su resolución. Jorgelina Montero, del INECIP, defendió el rechazo a la probation, argumentando que el juez Lucas Yancarelli, al otorgarla previamente, se «arrogó facultades de la fiscalía», omitió 18 argumentos técnicos en contra y «no hubo control de razonabilidad», lo que desvirtúa el sistema adversarial de la provincia.
Desde FARN, Marcos Pastorutti sostuvo que la causa, con años de investigación y afectación ambiental «por fallos de todos los mecanismos del Estado», debe esclarecerse en un juicio oral y público con participación ciudadana. Advirtió que, de lo contrario, el mensaje para empresas y funcionarios sería la resolución de un conflicto de gran magnitud con «una reparación mínima, tapando todo lo que se podría haber solucionado».
La fiscalía propuso 91 testigos, incluyendo ex operarios de Comarsa, encargados de la firma, funcionarios municipales y de la dirección provincial de Tierras. Estos últimos testificarán sobre la ocupación ilegal por parte de Comarsa de terrenos que, desde 2013, el municipio había reservado para el desarrollo de lotes con servicios. Más de 200.000 metros cúbicos de lodos y líquidos de Vaca Muerta se acumularon en terrenos no impermeabilizados fuera de los límites autorizados, invadiendo un área donde está prevista una urbanización de más de 400 lotes.
Entre los testigos controvertidos figura el exfuncionario Nicolás Salvatori. La fiscalía no lo citó por considerarlo un imputado, aunque las defensas sí lo previeron. Breide Obeid…
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