El juicio por el homicidio de Fernando Pérez Algaba, conocido como ‘Lechuga’, ha entrado en su etapa decisiva en los Tribunales de Lomas de Zamora. La fiscal Marcela Dimundo solicitó prisión perpetua para Maximiliano Pilepich (47), Matías Gil (31) y Nahuel Sebastián Vargas (46), señalados como responsables del crimen. El veredicto del jurado popular se espera para este lunes, tras una serie de audiencias marcadas por un ambiente inusual.
La sexta audiencia, celebrada este domingo, tuvo lugar en condiciones poco habituales: el edificio judicial, sin suministro de gas, se encontraba frío y a oscuras, a excepción de la sala donde se desarrolló el debate. Los diecisiete jurados –doce titulares y cinco suplentes– escucharon, primero, la declaración de uno de los imputados y, posteriormente, los alegatos de las partes.
Durante casi tres horas, la fiscal Dimundo expuso los argumentos de la acusación. Con firmeza, sentenció: «Al perro lo querían, al perro no lo mataron, por eso apareció vivo. Y eso demuestra que todas estas personas estaban de acuerdo». Este detalle, sobre la mascota del empresario, fue uno de los elementos usados para sostener la hipótesis de un pacto entre los acusados.
La fiscal fue contundente al afirmar que «a Fernando lo mataron por plata». Detalló que el 18 de julio de 2023, pasadas las 22 horas, en el predio Renacer, Pilepich, Gil y Vargas, junto con otras personas, habrían «acordado tiempo atrás… sacárselo de encima a Fernando Pérez Algaba». El plan habría consistido en atraer al *trader* desde el exterior bajo el pretexto de saldar una deuda que Pilepich mantenía con él.
«Vino para cobrar una deuda con el señor Pilepich», reiteró Dimundo. Según la acusación, Pérez Algaba fue asesinado de dos disparos por detrás, en el lado derecho, en una casa del fondo del campo. Al día siguiente, esa vivienda fue demolida, lo que la fiscal calificó como parte de un plan para encubrir el crimen. «Lo mataron por codicia, por plata», enfatizó la funcionaria judicial.
Dimundo sostuvo que, si bien no podía probar quién gatilló el arma, la presencia de los tres acusados «antes, durante y se quedaron juntos después» demuestra un «acuerdo de voluntades» y una «trampa» montada contra Fernando. Los peritos indicaron que la víctima pudo haber agonizado hasta 90 minutos sin recibir asistencia. La fiscal consideró a los tres como coautores, «cada uno hizo una partecita» del homicidio.
Las pruebas presentadas por la fiscalía incluyeron datos de antenas de telefonía celular que ubican a los imputados en el mismo lugar y hora, y el hecho de que no volvieron a usar esos teléfonos tras el crimen. También se mencionó la ubicación de vehículos, como una camioneta Mercedes Benz y un Polo blanco, en la escena de los hechos.
Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, siguió con atención los alegatos de la fiscalía. Tras la exposición de Dimundo, será el turno de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, representantes del particular damnificado, y luego de los abogados defensores: Maximiliano Angeli y Enrique Tonceda por Pilepich; Mauro Da Silva Lima por Vargas; y Yamil Castro Bianchi por Gil.
El jurado popular deberá ahora alcanzar un acuerdo por unanimidad para determinar si uno, dos o los tres imputados son culpables de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, la premeditación y la codicia. Se prevé que el veredicto sea anunciado este lunes, poniendo fin a un proceso judicial de alta repercusión.
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