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El respaldo público que este fin de semana intentó dar por cerrado el capítulo judicial que vincula al legislador con el empresario rionegrino Federico «Fred» Machado. Sin embargo, aseguran que la realidad en los tribunales argentinos transita por un carril muy diferente, ya que el ex diputado libertario enfrenta dos causas penales activas por presunto lavado de dinero y mantiene todos sus bienes congelados por orden de la Justicia.
El fin de semana, el mandatario nacional utilizó sus redes sociales para celebrar el reciente acuerdo judicial que Machado (extraditado y preso en Texas) alcanzó con la fiscalía de Estados Unidos. Allí, el financista aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y fraude electrónico, a cambio de que se le retire la acusación por narcotráfico.
Para Milei, esta novedad demostró que Espert fue víctima de una «operación política y mediática infame».
«A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo», precisó el jefe de Estado en sus redes sociales.
No obstante, fuentes vinculadas a las investigaciones en Argentina advierten que la confesión de Machado no mejora la situación procesal de Espert y que incluso podría complicarla al confirmar el origen ilícito de los fondos.
Investigan a Espert por presunto lavado de activos: las dos causas en su contra
Espert es investigado en el país por la figura de lavado de dinero; es decir, por haber introducido al mercado financiero legal fondos provenientes de actividades ilícitas.
Para la Justicia argentina, el hecho de que Machado haya admitido su culpabilidad en delitos financieros es el dato clave. «Si provienen de narcotráfico o de fraude, para nosotros es indiferente», explicó a La Nación un funcionario judicial que interviene en uno de los expedientes.
Lo jurídicamente relevante es que se confirma que el financista, que inyectó fondos en la campaña del economista, operaba con dinero ilegal.
El ex legislador intentó en dos oportunidades unificar sus expedientes en los tribunales de Retiro, pero la Cámara Federal rechazó los pedidos el mes pasado.
Actualmente, las investigaciones avanzan por separado: por un lado, en los tribunales de Comodoro Py, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan el supuesto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2019. El foco está puesto en los aportes materiales de Machado, que incluyeron la provisión de vuelos en aviones privados y el uso de una camioneta blindada.
Si bien Espert solicitó declarar en esta causa, al estar en calidad de imputado solo puede hacerlo mediante una declaración indagatoria. Actualmente, el magistrado se encuentra ordenando las últimas medidas de prueba antes de emitir la citación formal.
Por otra parte, también se tramita una causa en San Isidro, en el juzgado de Lino Mirabelli y delegada en el fiscal Fernando Domínguez, en donde se investiga el origen de 200.000 dólares que Espert reconoció haber cobrado de Machado y que no habían sido declarados.
Ese monto sería el anticipo de un contrato por un millón de dólares firmado por ambos justo antes de la campaña electoral de 2019, en concepto de un supuesto «asesoramiento» a una empresa minera en Guatemala. Los investigadores sospechan fuertemente que dicho trabajo nunca existió y funcionó como una fachada, mientras que el por entonces diputado se lo atribuyó a la pandemia del Covid-19.
Mientras tanto, la Fiscalía Federal en Textas tiene documentada la instrucción bancaria que fragmenta el recorrido del dinero a través de cuentas intermedias antes de llegar al beneficiario final.
Estos papeles están vinculados a la aeronave con matrícula N28FM, operación que los investigadores tienen en cuenta para determinar la ruta del dinero del financista para sus delitos de fraude y lavado de activos.
La clave de esta causa es determinar si Espert tenía conocimiento del origen ilegal de esos fondos.
En el marco de la investigación en San Isidro, la Justicia ordenó estrictas medidas cautelares sobre el patrimonio del libertario, las cuales fueron prorrogadas este mismo año. Espert tiene prohibido vender propiedades y no puede disponer libremente del dinero de sus cuentas, salvo por una autorización judicial específica destinada a cubrir sus gastos corrientes.
La medida de «no innovar» (congelamiento de bienes) se dictó luego de que los investigadores detectaran que Espert retiró 80.000 dólares de una de sus cuentas bancarias luego de haberse radicado la denuncia el año pasado.
Además, la Justicia descubrió la existencia de un fideicomiso a nombre de su esposa para un emprendimiento en un barrio privado de la Costa Atlántica, donde se habían invertido50.000 dólares por una parcela; una operación que el legislador omitió declarar a pesar de estar obligado por ley.
Machado se declaró culpable de fraude y lavado de activos
El imputado fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en abril de 2021 en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Posteriormente, cumplió casi cuatro años de prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, hasta que finalmente se concretó su extradición a fines del 2025.
En sus primeros días en territorio norteamericano, se había declarado «no culpable» ante el juez Bill Davis, apostando a un juicio oral por jurados. Desde entonces, se encuentra detenido en un penal de Oklahoma desde noviembre. Sin embargo, tras seis meses de detención, la defensa decidió cambiar la estrategia judicial.
Según informó La Nación, Machado reconoció que -junto a sus socios- captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que, en realidad, no estaban en venta.
La estafa se montaba con aeronaves que pertenecían a distintas aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una privada con base en China.
En noviembre de 2020, uno de los contratos se firmó por un depósito reembolsable de US$5.000.000. De esta cifra, unos US$550.000 fueron directamente al financista argentino.
La trama funcionaba mediante el uso de otras firmas (South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing), en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que funcionaba como garante y que compartía espacio y recursos con Aircraft Guaranty Corporation de Texas, propiedad de Mercer-Erwin.
Entre las pruebas que la fiscalía mantuvo en el expediente figura una transferencia de US$ 200.000 que Machado realizó a Espert en enero de 2020, documentada a través del Bank of America.