El Gobierno de Neuquén ha sancionado a una importante empresa de telecomunicaciones con una multa de $241,9 millones. La medida se impuso por el incumplimiento del artículo 8 bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que garantiza a los usuarios un trato digno y equitativo en la provisión de servicios.
Esta cuantiosa sanción surge tras numerosos reclamos presentados por vecinos de Caviahue, Loncopué y El Huecú, quienes denunciaron constantes interrupciones y deficiencias en los servicios de telefonía e internet. La Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, tomó cartas en el asunto iniciando una inspección de oficio y realizando actas de constatación en las localidades afectadas.
Durante el relevamiento, los inspectores confirmaron que el servicio de Movistar se ofrecía de manera deficiente y, en algunos casos, era directamente inexistente. Las fallas tuvieron un impacto directo y negativo en la vida cotidiana de los habitantes: impedían el uso de billeteras virtuales, obstaculizaban la comunicación en situaciones de inseguridad, afectaban el desarrollo de actividades laborales y comerciales, y limitaban el acceso normal a servicios vinculados al turismo.
A la problemática de la falta de servicio se sumó una dificultad adicional: la ausencia de conectividad también impedía que los propios usuarios pudieran comunicarse con los canales telefónicos dispuestos por la empresa para realizar reclamos y buscar soluciones. Desde Protección al Consumidor se consideró que esta combinación de deficiencias creó situaciones de indefensión y vulneró de forma clara el derecho a un trato digno y equitativo que establece la normativa nacional.
La multa impuesta equivale a 147 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3 y asciende a $241.923.192. Cabe destacar que este monto será actualizado al momento efectivo del pago, según el valor vigente de la Canasta Básica Total publicada por el Indec. La decisión del Gobierno de Neuquén busca no solo reforzar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, sino también establecer un precedente claro: las empresas deben asegurar condiciones adecuadas de atención y respuesta para todos sus usuarios, sin importar su lugar de residencia en la provincia.