La ciudad de San Pablo, Brasil, está marcada por la conmoción y la controversia tras la muerte de Camila Pereira da Silva, una mujer de 32 años que falleció por un disparo de la policía. El incidente ocurrió un jueves por la tarde, a plena luz del día, sobre el asfalto de la Avenida Mutinga, en el barrio Parque São Domingos del distrito de Pirituba.
Camila Pereira, quien portaba un cuchillo, fue abatida con un disparo en el pecho durante un enfrentamiento con tres policías militares de la Unidad de Patrulla en Motocicleta (ROCAM). El suceso quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona y teléfonos celulares de transeúntes. En los videos se escucha a los agentes ordenar a la mujer que soltara el arma blanca, mientras retrocedían y le apuntaban sin abrir fuego. Sin embargo, Camila continuó avanzando hacia los efectivos a lo largo de una cuadra, en la calle Coronel José Rufino Freire. Al llegar a la esquina, el policía André Coelho Maximo da Costa, quien se encontraba más de frente a su paso, le disparó mortalmente en el pecho.
Según el medio brasileño g1, la secuencia de los hechos se inició cuando los tres agentes, tras una avería de su motocicleta, se detuvieron en un taller mecánico. Allí, un hombre desesperado, que resultó ser el exnovio de Camila, les pidió ayuda, afirmando que una mujer armada con un cuchillo lo seguía e intentaba matarlo. Poco después, Camila llegó al lugar, sosteniendo el arma blanca en su mano, lo que desencadenó la persecución policial que culminó con su trágico fallecimiento.
En su declaración posterior, el exnovio de Camila relató que la pareja llevaba cinco meses separada y que la relación había sido muy conflictiva. Afirmó que, al regresar a su casa ese día, encontró a Camila en la puerta de su vivienda, donde presuntamente lo amenazó con un cuchillo.
La tía de Camila, por su parte, confirmó a la policía que la relación entre su sobrina y el exnovio estaba marcada por desacuerdos frecuentes, rupturas y reconciliaciones. Describió que Camila sufría una gran tensión emocional debido a esta relación y que, además, padecía graves problemas de salud desde hacía cinco años, esperando un trasplante de hígado durante los últimos dos. Camila acudía semanalmente al hospital para controles y tratamiento, y su estado de salud le impedía trabajar. La tía también señaló que los conflictos con su exnovio, quien ya tenía una nueva pareja, contribuyeron al deterioro de la salud de la joven. Aseguró no tener conocimiento de ningún diagnóstico psiquiátrico o enfermedad mental de Camila, ni de que recibiera tratamiento en ese ámbito. Además, reveló que Camila era madre de dos hijas pequeñas, a quienes definía como una «madre abnegada que mantenía fuertes lazos emocionales con sus dos hijas».
Informes de g1 indicaron que vecinos del barrio habían alertado previamente sobre una mujer que caminaba de forma errática con un cuchillo, amenazando a transeúntes, en lo que algunos describieron como un «brote psicótico». Sin embargo, el informe policial del investigador João Pedro Murgolo consideró que la reacción del agente fue desproporcionada y que no hubo un uso progresivo de la fuerza. El jefe de policía declaró que «en el momento del disparo, la víctima no hizo ningún movimiento agresivo: no levantó el brazo, no blandió el cuchillo ni avanzó repentinamente; aún aceptando la versión de que avanzaba hacia la patrulla, el mero movimiento de una persona con un cuchillo en la mano, con los brazos hacia abajo y sin ningún gesto ofensivo, a varios metros de distancia, no constituye en sí mismo una agresión inminente que justifique el uso de fuerza letal».
Durante su interrogatorio, el agente Máximo declaró que ordenó repetidamente a Camila que soltara el cuchillo y detuviera su avance. Afirmó que, ante la proximidad de la mujer, el equipo comenzó a retroceder para mantener una distancia segura, pero él chocó con un camión estacionado, lo que dificultó su movimiento en una calle de alto tráfico. Según el soldado, ante lo que consideró un peligro inminente, disparó una sola vez para neutralizar la amenaza y preservar su integridad física, al no percibir otra alternativa segura. Consultado sobre el uso de una pistola taser, su respuesta fue negativa.
La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado expresando su desacuerdo con la versión del agente. «No se tolera la mala conducta ni ninguna acción que contradiga los principios de la Policía Militar de São Paulo, cuya misión es proteger a la población y preservar vidas», manifestaron. El oficial fue arrestado en el acto y trasladado al Departamento de Homicidios y Protección Personal, bajo supervisión del Departamento de Asuntos Internos.
Horas más tarde, el tribunal de San Pablo otorgó la libertad provisional al soldado André Coelho Maximo da Costa. El juez Lucas Bannwart Pereira dictaminó que el agente deberá cumplir con varias medidas cautelares durante un año, incluyendo la suspensión de actividades operativas y cualquier función que requiera portar un arma de fuego, limitándose a tareas administrativas. También tiene la obligación de mantener su dirección actualizada y se le prohibió abandonar la ciudad de residencia por más de ocho días sin autorización judicial. El juez justificó la decisión señalando que el agente tiene vínculos con el distrito y un trabajo legítimo, factores que por sí solos no indican un riesgo para el orden público. El agente Máximo había estado recluido en la prisión militar de Romão Gomes, en…