La elección de una fecha para los comicios, lejos de ser un mero trámite administrativo, se ha consolidado como una potente herramienta política capaz de influir directamente en los resultados electorales. Así lo advirtió Luis Alberto Romero al referirse a los “gobiernos electores”, una conceptualización que invita a observar con detenimiento el impacto del calendario en la dinámica política.
En la provincia de Neuquén, si bien la normativa provincial y algunas cartas orgánicas municipales establecen pautas generales, persiste un margen considerable para la toma de decisiones sobre cuándo se vota. Esta facultad, aparentemente técnica, se convierte entonces en un instrumento estratégico para quienes detentan el poder.
Una de las decisiones más significativas es la de separar los comicios provinciales de los nacionales. Esta medida, adoptada con frecuencia, busca evitar que el resultado de una elección presidencial arrastre consigo los votos hacia las categorías locales, como gobernador, diputados, intendentes o concejales. Al desvincularlas, se crea un escenario electoral propio, con dinámicas y enfoques distintos a los que tendrían si coincidieran con la votación a nivel país.
El 16 de abril de 2023 se presenta como un antecedente clave en Neuquén. La provincia fue a las urnas con una anticipación inusual respecto a la asunción de las nuevas autoridades. Esta celeridad en el calendario electoral tuvo efectos tangibles: aceleró los tiempos de las definiciones opositoras, mientras el Movimiento Popular Neuquino (MPN), en su sector Azul oficialista, ya tenía su estructura organizada para la contienda. Pese a ello, Marcos Koopmann, su candidato, resultó derrotado frente a Rolando Figueroa.
Este adelantamiento ejemplifica cómo una fecha puede incidir en los ritmos de los partidos políticos, acelerando la conformación de candidaturas y alianzas, y transformando el panorama de la competencia electoral. La diferencia con las internas abiertas del MPN es sustancial: mientras estas últimas eran una instancia partidaria decisiva para una fuerza política, una elección general convoca a todos los partidos y a la ciudadanía en su conjunto.
Adelantar los comicios no es, por sí mismo, una irregularidad. El punto crítico emerge cuando la elección de la fecha se subordina a las conveniencias políticas del momento. La legalidad es una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar una calidad institucional robusta. Una democracia exige reglas claras, que sean previsibles y conocidas con suficiente antelación. Además, es fundamental que las decisiones del gobierno no se perciban como maniobras para obtener ventajas electorales. Cuanta mayor discrecionalidad exista en la fijación del calendario, mayores serán las dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la elección de un día determinado.
En este contexto, la advertencia de Romero cobra plena vigencia: no es preciso intervenir directamente en el voto para influir en una elección; basta con incidir en las condiciones en las que se desarrolla la competencia.
Por ello, la discusión sobre el calendario electoral neuquino debería centrarse en reducir los márgenes de especulación política. Convertir una herramienta administrativa en un instrumento de poder conlleva riesgos que es prudente minimizar. No se trata de coartar las facultades legales de las autoridades, sino de establecer criterios que limiten el uso discrecional del calendario electoral.
La pregunta esencial no debería ser qué fecha beneficia más al oficialismo o a la oposición, sino qué reglas garantizan condiciones de competencia predecibles y equitativas para todos los actores. Porque la democracia, en su sentido más amplio, no se inicia solo cuando se abren las urnas, sino que se construye también en la definición de las condiciones bajo las cuales los ciudadanos ejercerán su derecho a elegir.