Una exhaustiva investigación judicial culminó con la desarticulación de una banda organizada dedicada al fraccionamiento y venta de estupefacientes en San Patricio del Chañar. La operación, que dejó a seis personas imputadas, reveló una estructura delictiva que operaba de manera continua, con especial intensidad en las noches, a través de al menos tres puntos de venta estratégicos.
El golpe principal se concretó el pasado 24 de julio, cuando se ejecutaron diez órdenes de allanamiento y requisas vehiculares. Los procedimientos permitieron a las fuerzas de seguridad incautar 850 gramos de clorhidrato de cocaína, presentado en distintos formatos, y 192,5 gramos de cannabis sativa. Además, se secuestraron ocho balanzas digitales de precisión con restos de sustancias, recortes de nylon para el acondicionamiento de dosis y una máquina contadora de billetes.
En los inmuebles registrados, el personal del Departamento de Antinarcóticos de la Policía descubrió $1.302.300 en efectivo, dos terminales posnet y diversos equipos tecnológicos esenciales para la logística y seguridad del grupo. Entre estos se contaban 22 teléfonos celulares, una notebook y tres sistemas de almacenamiento digital DVR conectados a cámaras de videovigilancia. La operación también incluyó el secuestro de dos automóviles, tres motocicletas, un cargador de arma de fuego, un arma de aire comprimido y 28 municiones de calibres 380 y 22.
Las pruebas recabadas en la causa delinearon una estructura delictiva rígidamente organizada, bajo la dirección de dos cabecillas principales. Uno de ellos se encargaba de obtener las sustancias para abastecer los puntos de venta y de recaudar las ganancias, utilizando una camioneta Ford Maverick azul, registrada a nombre de su pareja, y las billeteras virtuales de esta para canalizar los fondos. El otro líder coordinaba la logística y el reabastecimiento diario de los puestos, desplazándose en un automóvil Volkswagen Polo rojo y otros vehículos.
La venta al menudeo se concentraba en tres sectores específicos de la localidad: una casa en la calle Chacay del barrio 76 Viviendas, otra en la calle Cordillera del Viento y una casilla usurpada en el sector conocido como Toma La Costa. Cabe destacar que uno de los responsables de este último punto de venta logró escapar de los procedimientos policiales y se encuentra prófugo.
El método de operación de los integrantes combinaba la atención directa con el uso de plataformas digitales. Uno de los investigados utilizaba su propio domicilio para realizar «pasamanos», aceptando efectivo o transferencias virtuales, e incluso publicaba ofertas en Instagram donde mostraba la sustancia y anunciaba a sus clientes que estaba «activo». Otro involucrado empleaba la misma red social para pactar ventas y concretar entregas a domicilio a bordo de un Volkswagen Gol blanco.
En el punto de venta del barrio 76 Viviendas, dos hermanos de la red realizaban maniobras de comercialización y usaban motocicletas Honda Wave para efectuar repartos a demanda. Durante las tareas de vigilancia, los investigadores policiales llegaron a documentar hasta diez transacciones compatibles con la venta de drogas en tan solo quince minutos de observación en esa zona.
Paralelamente a la causa por narcotráfico, el líder encargado de la logística enfrenta cargos por un violento incidente ocurrido el 12 de julio, alrededor de las 03:50. Según constancias policiales, el sospechoso se vio envuelto en un altercado verbal, aparentemente por una maniobra de tránsito, en la intersección de las calles Gasparri Sur y Río Limay.
Tras una agresión física inicial en la que participaron varios acompañantes del imputado, este extrajo un cuchillo y apuñaló a la víctima en las regiones lumbar, glútea y en una oreja, para luego huir en el mencionado Volkswagen Polo rojo. El damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén debido a un cuadro de hipotensión grave, permaneciendo internado y requiriendo suturas.
La audiencia de formulación de cargos, celebrada este domingo al mediodía, determinó la prisión preventiva para cuatro de los acusados y la prisión domiciliaria para los otros dos. Los delitos imputados por la fiscal Tuitanti, y avalados por un juez de garantías, fueron comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, en calidad de coautores, y en concurso real con el delito de Lesiones leves.