Cuarenta años después de su promulgación, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) de 1986, que brindó una oportunidad de regularización a millones de personas, recupera hoy una inesperada vigencia. Este aniversario coincide con un momento político en Estados Unidos donde la política migratoria, más allá de la mano dura, ha vuelto al centro del debate, especialmente tras las recientes elecciones de medio mandato.
Fue el 6 de noviembre de 1986 cuando el entonces presidente republicano, Ronald Reagan (1981-1989), estampó su firma en la IRCA, un acto considerado un punto de inflexión en la historia migratoria del país. Muzaffar Chishti, investigador del Instituto de Política Migratoria (MPI) y participante en las negociaciones e implementación de aquella ley, subraya a EFE la singularidad de esta medida: «Ha sido la única vez en nuestra historia que se ha implementado un programa de regularización. Es llamativo que un país que se enorgullece de ser una nación de inmigrantes solo haya recurrido a esta medida en una ocasión».
El propósito principal de la ley era doble: por un lado, buscaba reforzar la seguridad fronteriza, contener la inmigración indocumentada y establecer sanciones para empleadores que contrataran a extranjeros sin estatus legal. Por otro, la conocida como «amnistía de Reagan» benefició a cerca de tres millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo 1.3 millones de trabajadores agrícolas, que pudieron demostrar su residencia continua en el país desde antes del 1 de enero de 1982.
La relevancia histórica de esta reforma es aún mayor, según Chishti, porque fue aprobada durante el mandato de un presidente republicano. Sus investigaciones indican que Reagan fue el impulsor principal de la medida, a pesar de que su propio partido mantenía una postura mayormente antiinmigrante en aquel entonces. «De no haber sido Reagan el presidente, esto no habría sucedido; se requería alguien como él —con su influencia y su peso político— para convencer a los miembros de su propio partido de dar un paso así», enfatiza el investigador.
Este aniversario encuentra a Estados Unidos en un contexto político marcado por la reciente derrota republicana en las elecciones del pasado martes, donde el partido perdió el control del Congreso. Un factor clave en este resultado fue la dura política migratoria implementada por el expresidente Donald Trump. Una encuesta a pie de urna de Associated Press (AP) realizada el mismo día de las elecciones reveló que aproximadamente el 60% de los votantes considera que las medidas de control migratorio de la Administración Trump fueron excesivas.
Charles Kamasaki, autor de «Immigration Reform: The Corpse That Will Not Die» (2019), quien ha reconstruido la trayectoria legislativa de la IRCA y los posteriores intentos de reformar el sistema migratorio, establece una distinción crucial. Aunque ambas reformas surgieron bajo gobiernos republicanos, sus visiones sobre cómo abordar la inmigración eran distintas. Kamasaki, asesor de UnidosUS, explica a EFE que «mientras que las administraciones anteriores intentaron diseñar un sistema migratorio equilibrado, la Administración del presidente Trump se ha concentrado exclusivamente en un solo aspecto: el control migratorio».
Tanto Kamasaki como Chishti, coautores del informe «IRCA in Retrospect: Guideposts for Today’s Immigration Reform», coinciden en que la principal lección de la IRCA es clara: abordar la inmigración irregular únicamente mediante controles fronterizos, sanciones y restricciones laborales no basta si no se ofrecen alternativas legales a los extranjeros que buscan trabajar y vivir en Estados Unidos.
Los investigadores también señalan que las sanciones a los empleadores, los obstáculos para verificar la autorización de trabajo y el retraso en la financiación de las medidas de control fueron factores que impidieron que la reforma alcanzara uno de sus principales propósitos: reducir la inmigración indocumentada. A ello se suma que la IRCA dejó a cientos de miles de inmigrantes en una situación irregular, una condición en la que, en muchos casos, aún permanecen.
Pese a las deficiencias de la ley, Kamasaki sostiene que una de las enseñanzas más valiosas de la IRCA es que las reformas migratorias exigen capacidad de diálogo y apertura a los acuerdos, incluso cuando estos no satisfacen todas las demandas de quienes las impulsan y se percibe que se está «negociando con el diablo». A su juicio, las consecuencias de estos acuerdos deben valorarse también por su proyección a largo plazo. «La IRCA no era una ley perfecta, pero hoy desafío a cualquier defensor de los inmigrantes a que me diga que no debí haber aceptado aquel compromiso. No lograban comprender la relevancia que tendría muchos años después», concluyó.