El Gobierno nacional avanza en los detalles finales del proyecto de reforma laboral, una iniciativa que busca actualizar la Ley de Contrato de Trabajo y ordenar normas complementarias. Según el borrador inicial, la meta es reducir la litigiosidad, fomentar el empleo registrado y adaptar las reglas laborales a los nuevos modelos productivos.
El texto propone un Régimen de Promoción del Empleo Registrado, dirigido a empleadores que regularicen vínculos no declarados o mal registrados. Quienes se adhieran podrán acceder a condonación de deudas, eliminación de multas y baja del REPSAL, siempre que formalicen a todo el personal incluido.
En el capítulo de registración, el borrador plantea que el proceso quede bajo la órbita de ARCA, que absorbería las tareas de control y fiscalización. También elimina el sistema actual de multas por trabajo no registrado, aunque mantiene que la falta de registración será una presunción favorable al trabajador en caso de disputa judicial.
Otro punto central es el esquema de indemnizaciones. El documento redefine la base de cálculo, fija un tope de tres salarios promedio del convenio y establece un piso del 67 por ciento del salario habitual. Además, habilita que los convenios colectivos puedan reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un fondo de cese laboral sostenido por los empleadores.
El proyecto también actualiza el artículo 212, sobre enfermedades y accidentes, y establece criterios diferenciados para la reincorporación o indemnización según el tipo de incapacidad.
En paralelo, crea un régimen específico para repartidores de plataformas digitales, a quienes califica como trabajadores independientes con obligaciones fiscales y previsionales. El esquema garantiza el derecho a rechazar pedidos, recibir explicaciones por bloqueos y acceder a estándares mínimos de protección.
El borrador introduce además cambios en los procedimientos de crisis y la negociación colectiva, con mayores exigencias de transparencia en la información aportada por las empresas y sanciones para quienes demoren los acuerdos. También suma una fórmula de actualización de créditos laborales basada en IPC más 3 por ciento anual y limita los montos de juicios en trámite para evitar indemnizaciones superiores a los nuevos topes.
Finalmente, el documento incorpora incentivos para nuevas contrataciones, con reducciones temporales en las contribuciones patronales. El texto seguirá siendo revisado antes de que el Ejecutivo defina la versión final que llegará al Congreso.