El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) vive sus días más tensos, lejos de la tranquilidad de las aulas y talleres. La institución, única en su tipo en la Patagonia, se encuentra sumida en una profunda crisis, marcada por denuncias de la comunidad universitaria sobre elecciones irregulares, falta de representación y presunta violencia institucional.
La raíz de este conflicto, según estudiantes y docentes, reside en un modelo de gestión histórico: las máximas autoridades, incluyendo al rector y directores de departamento, han sido designadas tradicionalmente “a dedo” por el gobierno provincial de turno, sin la participación democrática de los estamentos que conforman la vida universitaria.
Lucio Corregidor, presidente del Centro de Estudiantes del IUPA, afirmó que la actual administración, liderada por el rector Gerardo Blanes, orquestó un proceso electoral para asegurar su continuidad en el poder. Esta maniobra habría generado una fuerte indignación en toda la comunidad.
El punto de quiebre llegó cuando, tras meses de reclamos por la normalización del instituto, la gestión convocó a elecciones. Sin embargo, las reglas fueron establecidas de manera unilateral, ignorando normativas esenciales y marginando a la oposición. Se redactó un reglamento electoral sin consultar a la comunidad ni a los representantes gremiales y estudiantiles. El padrón excluyó a estudiantes no graduados, contraviniendo la Ley de Educación Superior que les otorga derecho a voto.
Además, la elección de consejeros se realizó durante el receso de verano, y el escrutinio final se llevó a cabo a puertas cerradas. Los resultados fueron comunicados mediante un simple telegrama que omitía detalles cruciales como quiénes fiscalizaron o cómo se contabilizaron los votos. «Esta gente ve a la universidad como una caja política, como un presupuesto del cual disponer a su antojo. No les interesa formar profesionales de la cultura, solo les importa la caja», denunció Corregidor, sintetizando el profundo descontento.
La disputa no se limita al ámbito administrativo. En abril, el intento de estudiantes y docentes de participar en las sesiones del Consejo, con el fin de exponer reclamos sobre la falta de insumos, planes de estudio desactualizados y aulas en mal estado, fue recibido con violencia. Un docente y un estudiante fueron agredidos físicamente por personal de seguridad privada contratado por las autoridades, durante una sesión que se celebraba en un hotel. El suceso quedó registrado en video y se difundió ampliamente.
Frente a este escenario, el frente democrático estudiantil ha recurrido a la Justicia. La fiscalía y los juzgados provinciales y federales de Río Negro investigan las denuncias por usurpación de cargos, fraude electoral y violencia. La comunidad educativa exige la anulación de todo el proceso y la convocatoria a elecciones libres, transparentes y ajustadas al estatuto que rige la Educación Superior en Argentina.
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