El juez Peinado abre una nueva investigación en el caso de Begoña Gómez pero solo contra el empresario Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir una nueva pieza separada en el caso en el que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, aunque para investigar solo al empresario Juan Carlos Barrabés por un contrato adjudicado a sus empresas. El magistrado analizará posibles irregularidades en la licitación de un contrato público que fue adjudicado a una UTE en la que participaba una empresa de Barrabés, el empresario investigado en la causa. Lo hace después de que la Fiscalía Europea, por orden del juez de garantías, no se pueda hacer cargo de esta investigación que nace de un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO).

Así consta en una providencia, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, que emite el juzgado de Peinado tras recibir un decreto de la Fiscalía Europea en el que se detalla que la adjudicación objeto de investigación “podría ser constitutiva de un delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión”. En concreto, el Ministerio Fiscal europeo indicaba que la posible irregularidad aparecía en un expediente de la empresa pública Red.es que ganó la UTE en la que estaba la empresa de Barrabés y la consultora KPMG -el 044/20-ED relativo al Servicio de la Oficina Acelera Pyme Servicio de Apoyo y Asesoramiento- y que ascendía a 4,05 millones de euros.

Posteriormente el magistrado Juan Carlos Peinado ha emitido una segunda providencia para aclarar que ese procedimiento se dirige solo contra Barrabés y no, al menos por el momento, contra Begoña Gómez.

La financiación de ese proyecto corría a cargo de fondos FEDER, fondos europeos, y los fiscales indican que del informe de la UCO que recibieron se desprende que en la adjudicación “se habría obviado la inexistencia de un libro blanco” que era requisito necesario para concursar, según recogían los pliegos. Ese expediente no contó con ninguna carta de recomendación firmada por la mujer de Pedro Sánchez.

Para el Ministerio Público, ese libro blanco se “ocultó deliberadamente” en los informes de valoración para que no fuese detectado por otros licitadores. Explica que la UCO sostiene que se percató de esa circunstancia al analizar el contenido de los correos relativos a los procedimientos investigados, ya que el firmante de los informes de valoración en los tres procedimientos fue el mismo investigado, Luis Prieto.

Esa rama de la investigación europea fue recurrida por la defensa de Barrabés. Ante el juez de garantías -el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña- su abogado indicó que la Fiscalía pretendía “reiniciar a capricho la investigación de unos hechos” que ya habían sido instruidos durante casi dos años en el procedimiento abierto por el juez Juan Carlos Peinado “con el pretexto de una sospecha policial irrelevante que no ha sido apreciada ni por el experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)”.

Se da la circunstancia de que en la investigación abierta por la Fiscalía Europea Begoña Gómez sólo ha comparecido en calidad de testigo -fue en el mes de mayo- y que, en realidad, las pesquisas siempre han girado en torno a la figura de Barrabés.

Los fiscales comunitarios se han centrado a lo largo de dos años de investigación en dos expedientes de la empresa pública Red.es: El de ‘Formación empleo juvenil para la economía digital’ en el que la UTE de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por 4,8 millones de euros (IVA no incluido); y el de ‘Servicio de formación para personas desempleadas’, del que se le asignó uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros (sin IVA). El total asciende a 8,4 millones de euros.

Para esclarecer si hubo irregularidad en esas adjudicaciones, la Fiscalía Europea ya ha citado como testigos a numerosos firmantes de cartas de apoyo a la oferta de Barrabés idénticas a las de Begoña Gómez, según confirmaron fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. También ha trascendido que en septiembre de 2025 se recibió un extenso informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los expedientes financiados parcialmente por el Fondo Social Europeo.

El órgano fiscalizador, entre sus conclusiones, aseveraba que el hecho de que Red.es hubiera tenido en cuenta (a la hora de puntuar) las diferentes ofertas presentadas a concurso que estas incluyeran cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores fue una decisión “arbitraria que excedió la capacidad de decisión discrecional del valorador”. Entendía que esto constituyó “una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y por ende benefició “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación, entre otros a la UTE Innova Next – The Valley Digital Business School”.

Antes incluso de que viera la luz esa pericial, la defensa de Barrabés ya había solicitado una ampliación al entender que se debían analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE sino también determinadas características de las fórmulas aplicadas en este tipo de licitaciones. No obstante, y dado que ese primer informe ya estaba casi finalizado, la IGAE decidió dejar ese asunto para más adelante.

Por contraposición, y a pesar de que la IGAE en este caso concreto sí que ve irregularidades en el procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 2024 indicaba que en líneas generales y basándose en la información observada en los expedientes que constaban en el juzgado de Peinado “la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos (…) se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

En este sentido, el 30 de mayo de 2025, otro informe de la IGAE, esta vez presentado a petición de Peinado y respecto a los contratos que seguían siendo analizados en su causa, concluía que en otro de los contratos adjudicados por Red.es a la empresa de Barrabés se dio un incumplimiento de la norma. Y esto porque el peso que se dio al precio de la oferta fue inferior al que debía ser. Así, se elevó la relevancia de otros criterios que dependen de un juicio de valor y, por ende, esa valoración subjetiva la debió haber hecho un comité de expertos que no fuera de Red.es.