A más de tres años del trágico suceso en el cuartel de Zapala, la madre del soldado Pablo Córdoba ha alzado su voz para denunciar graves irregularidades en la investigación judicial, la pérdida de pruebas cruciales y un presunto encubrimiento por parte del Ejército. El caso, que conmociona a la provincia, sigue sumando interrogantes.
Pablo Córdoba, de 21 años, fue encontrado sin vida con dos impactos de fusil FAL en la cabeza dentro del Grupo de Artillería 16 de Zapala el 1 de junio de 2023. Aunque inicialmente el ámbito militar intentó instalar la hipótesis de un suicidio, la querella de la familia avanza con firmeza sobre la pista del homicidio y la obstrucción a la justicia.
Natalia Uribe, la madre del joven, es categórica al señalar la imposibilidad de que su hijo se haya quitado la vida. «Los disparos que tiene mi hijo en su cabeza no son de la misma arma», afirmó, respaldándose en pericias forenses que revelaron dos orificios de entrada con trayectorias completamente distintas: uno debajo del mentón y otro en la sien derecha. Expertos en criminalística forense sostienen que los casos de suicidio con armas largas de grueso calibre y múltiples impactos efectivos en el cráneo son prácticamente inexistentes a nivel global.
La fuerza de un fusil FAL (calibre 7.62 mm) hace que un segundo disparo autoinfligido sea mecánicamente irrealizable. Uribe explicó que, tras un primer impacto de tal magnitud, la persona pierde de inmediato la capacidad motriz y la conciencia, lo que impediría volver a cargar el arma, la cual se encontraba en modo tiro a tiro. Además, los proyectiles no fueron hallados de forma clara ni en el cuerpo ni en la escena primaria.
Lejos de la teoría del suicidio, la familia explora hipótesis relacionadas con delitos federales dentro de la guarnición de Zapala. La más fuerte apunta a una venganza contra el padre de la víctima, el suboficial Juan José Córdoba, quien había denunciado previamente el robo sistemático de municiones en el cuartel. «Esa denuncia le jodió el negocio a muchos superiores», declaró la madre, sugiriendo que Pablo pudo haber presenciado algo delicado o fue utilizado como un mensaje intimidatorio.
La lentitud judicial y la desaparición de evidencia han agravado la situación. La querella denunció la pérdida de entre 25 y 30 días de grabaciones de las cámaras de seguridad del predio militar, imágenes que fueron omitidas deliberadamente del expediente. «Las instituciones se cubren entre sí; el accionar del juez se puso a disposición del Ejército», acusó Uribe, cuestionando la imparcialidad del proceso.
Un capítulo judicial determinante se avecina el próximo 9 de septiembre, con la declaración indagatoria de Brian Jara. Este soldado voluntario es quien encontró a Pablo agonizando y se encuentra bajo el escrutinio de la Justicia por haber filmado a la víctima en sus últimos instantes en lugar de prestarle auxilio inmediato. Además, Jara ocultó inicialmente su teléfono celular, un elemento probatorio clave que la fiscalía demoró de manera negligente en secuestrar. A 39 meses de los hechos, la familia Córdoba continúa exigiendo que se rompa el pacto de silencio y se identifique a los responsables de la muerte de Pablo.
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