La cúpula policial intentó desbordar de trabajo al policía de la caja B sumándole un destino temporal en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política, donde le intentaron implicar en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) y su filtración a medios afines
Morocho asegura que la cúpula policial del PP “desmanteló” su grupo de investigadores de la caja B
El testimonio del inspector jefe Manuel Morocho durante el juicio de Kitchen ha revelado varios episodios ocurridos en la cúpula de la Policía durante el primer gobierno de Rajoy que trascienden el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas. El director operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, le obligó a un traslado interno para dificultar su investigación del caso de la caja B del PP. Bajo la máxima de ‘ten cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos’, ubicó a Morocho en el nido de la brigada política que él mismo había creado. Allí, el policía presenció escenas que constatan las dos obsesiones de Pino y del Ministerio del Interior del PP: el independentismo catalán y Podemos.
Centrado en describir el acoso que sufrió durante al menos cinco años, el inspector jefe Morocho apenas se detuvo durante más de ocho horas de declaración en cuestiones no relacionadas con lo que el tribunal está juzgando. Sin embargo, en su descripción del ambiente que tuvo que soportar afloraron episodios como el dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre una presunta financiación ilegal de Podemos por Venezuela e Irán, o la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco de Suiza.
Manuel Morocho era el jefe del grupo de la UDEF que investigaba el caso Gürtel desde 2007. Con la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’, el juez Pablo Ruz requirió a Morocho y sus subordinados para hacerse cargo de la pieza separada sobre la caja B del Partido Popular. Los problemas con las filtraciones a la cúpula del partido de su anterior jefe, José Luis Olivera, pasaron a ser casi una anécdota con lo que le tocaría vivir a partir de ese momento, ya con una cúpula policial nombrada por el nuevo Gobierno del Partido Popular.
Morocho recibió “presiones” para no incluir el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe principal —tuvo que colarlo en un anexo—, soportaba que los atestados se demoraran en la mesa de sus jefes durante meses antes de llegar al juez Ruz y vivía a diario, según su testimonio, un clima de comentarios despectivos y advertencias de sus superiores jerárquicos. También se le ofrecían puestos en destinos lejanos, los mejor remunerados, para apartarlo de la investigación.
Ante la negativa del policía a dejar el caso, el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, optó por decretar para Morocho una “adscripción temporal de funciones” a la Dirección Adjunta Operativa. Morocho tendría que seguir trabajando en el caso de la caja B a las órdenes directas de Ruz, pero su destino en la Policía cambiaba temporalmente. Lo sepultaron en trabajo, según su testimonio ante el tribunal.
De su unidad, la UDEF, el inspector jefe pasaba a estar destinado temporalmente en el engendro que había creado Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). La DAO había pasado de ser el órgano de dirección y coordinación de la Policía a albergar unidades de inteligencia y a un grupo de mandos, sin adscripción clara, que aparecen en cada maniobra contra Podemos, los líderes del procés y la operación Kitchen.
“Me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trias y ha sido un error y le ha costado un disgusto al ministro [Jorge] Fernández Díaz. Ahí enmarcan mi entrada allí. Me dan alguna cosa de la familia Pujol, un inglés, un documento de garantía societaria, pero en fin… ahí no aguanto mucho, un día o dos”, declaró Manuel Morocho el miércoles durante el turno de preguntas de la representación de Podemos.
El 27 de octubre de 2012, con el éxito reciente de la Diada el mes anterior, El Mundo tituló en portada: “Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra”. El banco suizo UBS desmintió la existencia de la cuenta. El número de la misma que había sido publicado era incompatible con el sistema bancario del país. Informaciones posteriores acreditan que la información procedió de un funcionario de aduanas francés que recibió 25.000 euros de los fondos reservados a cambio.
“No sabían dónde ponerme”
“No sabían dónde ponerme”, expuso Morocho el miércoles ante el tribunal. A los dos días de llegar a la DAO fue trasladado a la sede de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). La creación de esta brigada ocupa un episodio por sí mismo de la guerra sucia del PP. La opacidad con la que debe trabajar la Unidad de Asuntos Internos, que ya estaba adscrita a la DAO, fue aprovechada por Pino para operar sobre el terreno de todas las maniobras mencionadas. En su seno, Pino creó la BARC con el supuesto objetivo de analizar fracasos policiales del pasado. En realidad, era la herramienta que permitía al artífice de la brigada política lanzar a Asuntos Internos contra sus enemigos declarados. No se salvaron ni el caso Faisán, ni siquiera el 11-M, dos casos que afectaron al PSOE, pese a que sobre ellos pesaban sentencias firmes del Tribunal Supremo.
Una vez en la BARC, uno de los miembros destacados de la brigada política, José Ángel Fuentes Gago, que se sienta en el banquillo de Kitchen, entregó a Morocho el informe PISA sobre Podemos para que “lo analizara”. Aún quedaba un año para que el Ministerio del Interior filtrara su contenido a medios afines, coincidiendo con el inicio de las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de Gobierno a principios de 2016. En el momento en que el abogado de Podemos, Jaime Montero, intenta preguntar cuál fue el análisis de Morocho sobre el dosier PISA, el abogado de Pino interrumpe y solicita al tribunal que el testigo no conteste por ser hechos fuera del procedimiento de Kitchen.
Durante el año y medio que pasó en la BARC, Morocho fue reclamado en un momento para otro colaborador directo de Pino que el miércoles le escuchaba igualmente desde el banquillo de los acusados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. “Me citaron para reunirme con un periodista y contarle el resultado de la indagación del informe PISA. Él [Díez Sevillano] me introdujo al periodista”, explicó Morocho ante el tribunal. La mañana del 12 de enero de 2016, Okdiario y El Confidencial publicaron el contenido del informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima que luego despreciarían la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El informe PISA es una de las maniobras más llamativas contra Podemos de la brigada política del PP. La guerra sucia contra el partido se investiga en el juzgado de Santiago Pedraz a partir de la querella que interpuso el partido. Varios de los imputados en Kitchen, con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el antiguo DAO Pino al frente, son investigados en esa causa.
La utilización de los conocimientos de Morocho en investigaciones exclusivamente contra los adversarios del PP había empezado mucho antes. Al poco de cambiar el Gobierno y que el PP nombrara a Pino número dos de la Policía, el director adjunto operativo encargó a Morocho los trabajos policiales relacionados con la causa que se abría en el Tribunal Supremo contra José Blanco, ex secretario de Organización del PSOE. Todavía permanecía oculta la caja B del PP, pero el policía estaba enfangado en los trabajos de Gürtel. En el juicio de Kitchen ha reconocido que el encargo le “entorpeció” en su labor de investigar el caso de corrupción del PP.
Morocho explicó cómo, a diferencia de lo que ocurriría después con la caja B, la Dirección de la Policía puso a su disposición todos los medios que necesitara. El inspector jefe advirtió a sus superiores de que había llegado del juzgado de Lugo que había dictado la exposición razonada contra Blanco, que estaba aforado, unas grabaciones sin transcribir. En ellas, Morocho encontró el embrión del caso de la ITV en Cataluña, que acabaría con Oriol Pujol en prisión.
La cúpula policial del PP sabía que tenía en Morocho un capital profesional para utilizarlo en sus intereses y, al tiempo, era consciente de que su principal dedicación, por orden del juez Ruz, era la corrupción del PP, de cuya investigación quería apartar a toda costa. En su declaración en fase de instrucción del caso Kitchen, en 2021, el inspector jefe describió así su traslado a la DAO: “Tenían la sensación de haber cazado a un animal salvaje y no sabían qué hacer con él”.
De ese desconcierto habla otro de los episodios de su paso por la DAO. Fuentes Gago le entregó un informe del Sepblac en relación con las empresas y el capital que acumulaba el comisario Villarejo, una trama de sociedades en paraísos fiscales que había desvelado El País. Interior se vio obligado a abrir una investigación interna a uno de los puntales de su brigada política. Morocho hizo un análisis de “cuatro o cinco páginas” sobre el informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y cuando se lo quiso entregar a Pino este se negó a recogerlo alegando que Villarejo había prestado relevantes servicios en materia antiterrorista.