El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas de Milei despertó fuertes críticas: las razones

El nuevo proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional del Gobierno sobre la soberanía de Malvinas que deberá debatirse en el Congreso genera fuertes resquemores en la oposición y en sectores de la prensa. Enviado finalmente este jueves 17, a dos semanas de la cadena nacional de Javier Milei en la que prometió mayores sanciones para las empresas que operen en el disputado archipiélago, y una mayor presencia militar en el Atlántico Sur, contiene aspectos que exceden la política exterior y el conflicto con el Reino Unido.

Se espeja en modelos de Estados Unidos para con sus enemigos. Y se superpone con legislación ya existente y se extralimita con derechos constitucionales incluso sobre la libertad de expresión.

El nuevo proyecto desató críticas y reparos por parte de sectores opositores, constitucionalistas y entidades periodísticas.

La lectura del texto enviado al palacio legislativo decanta claramente algo mayor, en donde las Malvinas son la puerta de entrada legislativa para construir un sistema mucho más amplio de Seguridad Nacional, que cruza política exterior, economía, inteligencia, ciberseguridad, Defensa, terrorismo, infraestructura crítica y hasta una supuesta desinformación.

Introduce zonas de tensión o posibles conflictos de competencias y garantías constitucionales, que eventualmente deberán ser evaluados por el Congreso y, si hubiera litigios, por la Justicia, ya que hay superposiciones muy concretas con leyes vigentes: Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

El diputado socialista Esteban Paulón fue el más irónico al describir irónicamente que el “contenido del proyecto usa la fórmula del FERNET, 30/70: 30% Malvinas, 70% paranoia presidencial y estado de excepción”, mientras que el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, dijo que “el presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado, con siete intentos de juicio político incluidos, y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el Gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”, escribió Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Si bien los 133 artículos del proyecto de ley enviado al Congreso se justifican en la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se trata, en realidad, de un proyecto de ley que va bastante más allá del conflicto con el Reino Unido e introduce elementos muy conflictivos. Como el artículo más polémico (el 111), que propone penas de 5 a 12 años de prisión (y de 8 a 15 años si median agravantes) para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación financiadas por actores extranjeros.

Abogados constitucionalistas y entidades periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtieron que se trata de una figura penal muy abierta, ambigua e indeterminada. Señalan que esto puede derivar en persecución política, censura previa o autocensura en el debate democrático y el ejercicio periodístico.

Varios legisladores aliados a los libertarios, pero también críticos de los mismos, reconocieron las enormes dificultades que tendrán para pasar la nueva normativa del Congreso, con la que Milei introduce elementos ajenos a Malvinas, en los que, para introducir su nueva ley, que se basa en el mismo modelo de la 26.659 del kirchnerismo, critica lo actuado anteriormente y refunda una nueva doctrina de seguridad nacional a través de un conflicto de soberanía con el Reino Unido.

Los asesores de Paulón hicieron un estudio título por título, donde analizaron el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con sus 133 artículos y VIII enviados ayer por el Poder Ejecutivo, y lo cotejaron con el marco normativo vigente en materia de defensa, seguridad interior e inteligencia (las leyes N° 23.554, 24.059 y 25.520), con la ley N° 26.659 del kirchnerismo que el proyecto busca derogar, y con antecedentes recientes de reforma por decreto (el 614/2024, el Decreto N° 941/2025, el 278/2024 y el 1021/2026).

Cotejaron dos planos que el proyecto presenta como inseparables, pero que, normativamente, no lo son: (i) el régimen sancionatorio vinculado en forma directa y específica a la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina (Título I y, parcialmente, el Capítulo 2 del Título III); y (ii) una reforma estructural, permanente y de alcance general del sistema de defensa, seguridad e inteligencia del Estado (Títulos II, IV, V, VI, VII y VIII), que no tiene límite temporal, no se circunscribe a la Cuestión Malvinas y modifica leyes marco que son producto de consensos democráticos post-1983.

Y concluyeron que lo que hace al régimen sancionatorio (administrativo y penal) por explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y la Plataforma Continental, que deroga la Ley 26.659, “sí es parte del núcleo genuinamente vinculado a la causa Malvinas”. Que la creación del Sistema de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, como órgano rector permanente, “no…