Estafa 127 Hectáreas: Neuquén Exige Viviendas Tras Dos Décadas de Engaños

Cientos de familias neuquinas, víctimas de la estafa de la Cooperativa 127 Hectáreas, llegan a un punto de quiebre. Tras veinte años de pagos irregulares y promesas incumplidas, los adjudicatarios que aún esperan su vivienda propia elevan su voz para exigir una solución habitacional directa del Estado, sin intermediarios que prolonguen su calvario.

La situación, que se extiende por casi dos décadas, fue detallada por Ema Ibáñez Castillo, una de las damnificadas del sector Futuros Desarrollos, en la meseta neuquina. Ella relató a Rivadavia Neuquén el hartazgo colectivo, evidenciando cómo hay familias que han abonado cuotas de socios por hasta veinte años. A estos pagos se suman sumas millonarias por conceptos como “movimiento de suelo” y “cordón cuneta”, sin que un solo ladrillo se haya puesto en sus terrenos.

El origen de este prolongado conflicto se remonta a 2006, cuando la organización, liderada por Jorge Salas, prometió la construcción de un millar de casas. Sin embargo, lo que se proyectó como un sueño de techo propio derivó en una pesadilla financiera para muchos. La asignación de las unidades también se vio empañada por graves irregularidades; testimonios denuncian la institucionalización del pago de “carpetas”, sobornos que en 2018 rondaban los 100.000 pesos, para saltar el orden de prelación y relegar a los socios históricos.

Ante la escalada de reclamos, el Poder Ejecutivo provincial conformó recientemente una comisión auditora para la cooperativa. Esta está integrada por miembros del Ministerio de Infraestructura, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Escribanía General de Gobierno. No obstante, la medida ha generado desconfianza entre las víctimas, quienes señalan presuntos vínculos de amistad entre Jorge Salas y figuras del gabinete provincial, como el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, o el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

“Lo que nosotros necesitamos es la solución habitacional por lo que llevamos años pagando a la cooperativa”, subrayó Ibáñez Castillo, reflejando el agotamiento de tener que lidiar con una estructura que hoy consideran obsoleta y perjudicial. El pedido de los más de 1.400 damnificados restantes es unívoco: la disolución o intervención definitiva de la cooperativa y que el Estado asuma el control total de las entregas.

Argumentan que las viviendas de carácter social son financiadas y construidas por el IPVU sobre tierras de dominio provincial, lo que hace injustificable seguir abonando cuotas o “peajes” a una entidad privada que no ha ejecutado las obras ni dotado a los lotes de servicios básicos como la red de gas. Si bien los plazos legales de la comisión auditora avanzan, sin una fecha de cierre estipulada más allá de los 60 días iniciales, las víctimas advierten que no cesarán en su lucha.

Tras años de denuncias archivadas por la Justicia, la presión social se erige como la herramienta principal para desarticular un modelo que, por largo tiempo, ha utilizado la necesidad habitacional de los neuquinos con fines políticos.