El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, solicitó hoy al Tribunal de Impugnación que revoque el fallo en la causa conocida como la estafa con planes sociales. Su objetivo es que las doce personas ya declaradas responsables en el juicio oral sean condenadas por asociación ilícita, entre ellas Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social durante la gestión de Omar Gutiérrez (MPN).
Si el planteo del fiscal prospera, todas las penas impuestas deberán ser revisadas, dado que la escala para el delito de asociación ilícita contempla condenas de entre 3 y 10 años de prisión.
La estafa, desarrollada entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, consistió en el desvío de fondos originalmente destinados a subsidios por desocupación laboral. Este dinero se acumulaba en una «caja azul», utilizada para financiar de manera ilegal al partido provincial.
El punto central de la controversia judicial radica en la calificación del delito. Para el tribunal de juicio, no existió un acuerdo de voluntades específico y autónomo con la intención de cometer una serie de delitos. En su lugar, interpretaron que se trató de una única maniobra de administración fraudulenta, ejecutada reiteradamente por funcionarios, empleados y referentes políticos que ocupaban distintos roles estatales. Este tribunal no consideró que hubiera una organización criminal.
Sin embargo, el fiscal Vignaroli argumentó que los jueces realizaron un análisis «sesgado», al descartar el delito de asociación ilícita de antemano en lugar de examinar los hechos para determinar si encuadraban en dicha figura. «Antepusieron su criterio a lo que dice la prueba», afirmó el fiscal.
Vignaroli remarcó que los magistrados sí dieron por acreditada toda la plataforma fáctica y reconocieron la existencia de una «maniobra sistemática y organizada», a la que describieron como un «prolijo engranaje» que se adaptó a lo largo del tiempo. Sostuvo que con esos fondos se construyó un «patrimonio ilícito» –referido al dinero de la caja– y afirmó que hubo una «plurintencionalidad» en la comisión de los delitos.
El fiscal solicitó al Tribunal de Impugnación que ejerza «competencia positiva» para declarar a Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Soiza, Néstor Sánz y Marcos Osuna como jefes de una asociación ilícita. Los siete restantes involucrados –Luis Gallo, Julieta Oviedo, Alfredo Cury, Laura Reznik, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emanuel Victoria Contreras– serían considerados integrantes de dicha organización.
En adhesión a esta postura, Gustavo Kohon, representante de la fiscalía de Estado en calidad de querellante, sumó el fundamento de la «afectación al orden público». Destacó el daño a la población vulnerable a la que teóricamente se dirigían los subsidios, el «uso clientelar de los fondos» y la consecuente erosión en la «confianza de la ciudadanía».
A excepción de Di Luca y Soiza, el resto de los involucrados acudieron hoy a la sala 12 de la Ciudad Judicial.
El proceso continuará con las últimas impugnaciones pendientes, presentadas por la defensa pública. Estas cuestionan las penas de cumplimiento efectivo impuestas por los jueces de juicio a Néstor Sánz (4 años y 6 meses de prisión) y Marcos Osuna (4 años). Ambos, junto con Ricardo Soiza, se encuentran actualmente bajo detención domiciliaria.
La audiencia final está programada para el lunes 6 de julio. El tribunal, presidido por Federico Sommer, tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para dictar su resolución, la cual podrá confirmar o revocar total o parcialmente la sentencia original.
En un hecho relacionado, el gobierno de Neuquén comunicó hoy el decreto de exoneración –es decir, la expulsión como empleados públicos– de Luis Gallo, Tomás Siegenthaler y Julieta Oviedo, a raíz de esta misma causa.
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