La Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas de la Legislatura neuquina dio despacho mayoritario al proyecto de ley que propone implementar exámenes toxicológicos obligatorios, sorpresivos y periódicos para todas las autoridades de los tres poderes del Estado provincial.
El diputado Marcelo Bermúdez, uno de los impulsores del proyecto, afirmó que la iniciativa tiene como objetivo asegurar que los funcionarios públicos ejerzan sus cargos sin vínculos con el narcotráfico ni consumo de sustancias prohibidas, en línea con la lucha contra el narcomenudeo en la provincia, y que lo hagan en condiciones que garanticen la ética, la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. «No se trata de invadir la vida privada, sino de proteger la integridad del Estado», explicó.
La ley alcanzará a gobernador, vicegobernador, ministros, diputados, jueces, fiscales, defensores, intendentes, concejales y otras autoridades de organismos públicos, empresas estatales y entes de control. En caso de resultado positivo, se activarán mecanismos constitucionales para su exoneración.
El test será costeado por el propio funcionario y, si se niega sin causa justificada, se considerará como positivo. Además, el proceso garantiza el derecho de defensa, la confidencialidad y la contraprueba en laboratorios habilitados.
El proyecto también invita a los municipios con Carta Orgánica a adherir voluntariamente y establece la creación de una Comisión Evaluadora Interpoderes y un registro confidencial para asegurar la trazabilidad de los controles.
Con el despacho aprobado, la iniciativa podría tratarse en el recinto en las próximas sesiones.
El diputado Marcelo Bermúdez, impulsor del proyecto, destacó que el objetivo es «garantizar que ningún funcionario tenga vínculos con el narcotráfico a partir de consumos personales«.