La exvicegobernadora Gloria Ruiz sufrió un nuevo revés judicial este jueves 17 de septiembre, al ser condenada en primera instancia por daños y perjuicios. La sentencia civil falló a favor de Marcelo Severini, presidente de CALF, quien la demandó luego de que Ruiz impulsara una denuncia penal sin fundamento y la difundiera ampliamente en los medios de comunicación.
Este pronunciamiento judicial representa otro capítulo en un conflicto que se inició a fines de 2024. En aquel momento, en medio del proceso institucional que concluyó con su separación del cargo legislativo, Ruiz emprendió acciones judiciales contra ministros provinciales, legisladores y otras figuras institucionales. La actual resolución no solo impone una condena económica a la exmandataria, sino que también establece medidas de reparación pública por acusaciones que carecían de pruebas y que fueron amplificadas a través de la exposición mediática.
El trasfondo de esta condena civil se remonta a los primeros días de diciembre de 2024. Tras su suspensión preventiva por parte de sus pares en la Legislatura provincial, la entonces vicegobernadora presentó una querella en los tribunales federales de Buenos Aires. Esta acción legal, encabezada por sus abogados, entre ellos Carlos Broitman, apuntaba a una decena de funcionarios provinciales y al propio titular de CALF, bajo cargos de asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos.
La defensa de Ruiz argumentó que los denunciados habían orquestado una «maniobra clandestina» y un supuesto «golpe institucional» para apartarla de la presidencia de la Legislatura. Sin embargo, la presentación legal no ofreció hechos concretos ni explicó la supuesta participación de Severini en los ilícitos alegados.
La estrategia federal de Ruiz no prosperó. El juez porteño Sebastián Casanello se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Neuquén. Allí, la fiscal Mariana Querejeta también declinó su competencia al determinar que el caso no involucraba materia federal.
Finalmente, el legajo fue trasladado a la fiscalía provincial a cargo de Diego Azcárate, quien lo archivó sin más trámite por falta de tipicidad. Esta decisión judicial fue el sustento principal para que prosperara la posterior demanda por daños y perjuicios presentada por Marcelo Severini contra la exfuncionaria.
Ante el archivo de la denuncia, Severini inició un reclamo por daños y perjuicios, exigiendo una indemnización económica y, además, la eliminación de publicaciones consideradas injuriosas en plataformas digitales. También solicitó que los aspectos esenciales de la sentencia fueran difundidos en medios gráficos regionales.
El magistrado a cargo del caso civil valoró que la denuncia original fue archivada rápidamente por el Ministerio Público Fiscal debido a su falta de pruebas y su imprecisión conceptual. Subrayó que formular una acusación penal sin describir conductas específicas ni aportar elementos mínimos de convicción «excede el ejercicio regular de un derecho» y constituye una «conducta reprochable» bajo la figura de «acusación calumniosa».
La sentencia resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda de Severini, condenando a Gloria Ruiz a pagar cinco millones de pesos en concepto de daño moral, más los intereses calculados a tasa pura y tasa activa del Banco Provincia del Neuquén. Como medida para cesar los perjuicios, la Justicia ordenó la supresión y eliminación inmediata de todas las menciones relacionadas con la falsa denuncia penal contra Severini en las plataformas digitales de la exfuncionaria, fijando un plazo de diez días para su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones económicas progresivas y con imposición de costas procesales a la parte vencida.