El gobernador Rolando Figueroa reglamentó la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para la permanencia en cargos públicos, mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La normativa busca reforzar los estándares de idoneidad, ética y transparencia en la función pública provincial, al exigir que quienes ocupen responsabilidades en el Estado desempeñen sus tareas en condiciones compatibles con sus funciones.
El texto fija los procedimientos ante eventuales resultados positivos, con resguardo del debido proceso administrativo y las garantías legales.
El instrumento se apoya en el artículo 153 de la Constitución provincial, que establece criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y publicidad para la administración pública.
La reglamentación fue elaborada con la intervención de la subsecretaría de Recursos Humanos del ministerio de Economía, Producción e Industria, junto con áreas legales del ministerio de Salud, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
El decreto fue refrendado por los ministros Martín Regueiro y Guillermo Koenig.
Desde el Ejecutivo indicaron que la medida se enmarca en una política orientada a fortalecer los mecanismos de control y la profesionalización del Estado.