Un juez de Formosa, con un pasado como dirigente justicialista y estrechos lazos con Gildo Insfrán, dictaminó recientemente una severa sanción contra un grupo de periodistas que realizaba entrevistas en la vía pública. La medida generó un inmediato repudio por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que advirtió con firmeza: «En la Argentina no se necesita licencia ni autorización estatal para ser periodista».
El magistrado en cuestión es Omar Padilla, juez de Paz de Las Lomitas. Su fallo condena a los periodistas Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, todos de La Nación, a cinco días de arresto o al pago de una multa de 282.550 pesos por cada uno. La acusación se basa en la supuesta violación del artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, argumentando que desarrollaron una actividad (grabar imágenes en la vía pública) sin la «autorización previa exigible» ni «carnet para ejercer el periodismo».
La controversia se inscribe en un contexto de constantes debates sobre las atribuciones del gobernador Gildo Insfrán, quien lleva más de 30 años ininterrumpidos en el poder y cuya reciente aspiración a una nueva reelección fue desestimada por la Corte Suprema nacional. Este incidente se suma a otros que han puesto en el foco a funcionarios de su gestión, como un caso de adoctrinamiento en escuelas primarias, donde un video mostró a una referente del gobierno preguntando a niños quién les había dado sus guardapolvos y, ante el silencio, respondiendo: «Gildo Insfrán, por supuesto».
El currículum del juez Padilla ha sido igualmente objeto de discusión. Antes de ser designado juez de Paz por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa –tribunal en el que, según se consigna, «nada se mueve sin la venia del gobernador»–, Padilla ocupó una banca como concejal y fue dirigente justicialista en Las Lomitas. Es reconocido en la provincia por su militancia a favor del gobernador Insfrán, a quien defendió públicamente. Años atrás, Padilla arengaba: «Nosotros tenemos quien nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien, y es nuestro gobernador». Fue nombrado juez de Paz de Menor Cuantía en marzo de 2025, y el tribunal justificó su designación destacando su «eficiencia, prudencia y dedicación».
Resulta llamativo que en 2014, mientras era abogado y concejal en Las Lomitas, el mismo Superior Tribunal de Justicia había remarcado la incompatibilidad de su cargo con su participación como conjuez, excluyéndolo de la nómina. Más adelante, se vinculó al peronismo local y en 2024 formó parte de actividades de la Unidad Justicialista de Las Lomitas, siendo presentado en noviembre de ese año como dirigente. En dicha localidad, afirmaba trabajar a través del «acompañamiento y la gestión del gobernador Insfrán».
ADEPA se expidió en términos categóricos sobre el fallo de Padilla. En un comunicado, la asociación consideró «preocupante e inadmisible que una controversia vinculada la realización de actividades periodísticas en una comunidad haya derivado en una sanción de naturaleza penal o contravencional contra quienes desarrollaban una tarea informativa». La entidad subrayó que «la libertad de prensa protege el derecho de los periodistas a investigar, entrevistar, registrar y difundir información de interés público, y cualquier restricción a ese ejercicio debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales que protegen la actividad periodística». Asimismo, la organización reafirmó que «la exigencia de autorizaciones estatales para realizar tareas periodísticas no puede transformarse en un mecanismo que permita impedir o condicionar previamente qué periodistas pueden investigar determinados asuntos o acceder a información de interés público».