Un mega emprendimiento minero en el noroeste sanjuanino ha reavivado una antigua tensión entre La Rioja y San Juan. El gobierno riojano busca rediscutir los límites interprovinciales, justo cuando este proyecto promete importantes tributaciones para San Juan y rutas de carga que cruzarían La Rioja.
La disputa escaló a mediados de junio, cuando el gobernador riojano Ricardo Quintela envió a la Legislatura un proyecto para reclamar unos 2.600 kilómetros cuadrados. Estos terrenos, según el reclamo, habrían sido cedidos por autoridades de facto de La Rioja a San Juan en 1967. La iniciativa fue rápidamente rechazada por el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego.
Aunque ambos mandatarios pertenecen al Partido Justicialista, sus alineaciones políticas difieren. Quintela es un defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras que Orrego mantiene una relación fluida con la administración de Javier Milei, impulsando activamente el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en su provincia, con miras al desarrollo minero.
Con el respaldo de la mayoría peronista en la Legislatura riojana, la iniciativa de Quintela fue aprobada y promulgada este viernes. El gobernador afirmó que la nueva ley permitirá iniciar «acciones para traer equidad y justicia al pueblo riojano».
La norma riojana busca declarar la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968, que fijó los límites interprovinciales. La Rioja ha rechazado históricamente esta ley, argumentando que la delimitación se realizó de forma unilateral y sin la participación del Congreso.
La nueva ley no solo plantea la nulidad, sino que también establece la creación de una comisión para estudiar el tema e instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es revisar la validez de la ley nacional y solicitar medidas cautelares que impidan la explotación de recursos en las áreas en disputa hasta que se defina el fondo de la cuestión.
Desde San Juan, el gobernador Orrego rechazó enérgicamente la iniciativa de Quintela, calificándola como «un proyecto de ley para reclamar territorio que es de San Juan».
«Nuestra jurisdicción no está en discusión», afirmó Orrego, enfatizando que «los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014».
El gobernador sanjuanino subrayó que ninguna provincia puede modificar un límite con una ley propia; tales cuestiones deben tratarse en el Congreso y la Justicia nacional. Por ello, instó a «todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece» con «la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones».
La tensión se intensificó al día siguiente de que la Legislatura de San Juan aprobara la Ley de Desarrollo Local Minero, calificada por el vicegobernador Fabián Martín como «una herramienta clave para el presente y el futuro» provincial, con potencial para generar crecimiento y empleo.
La promulgación de la ley riojana fue interpretada en San Juan como «una bravuconada» sin «asidero ni fundamento jurídico», según Rodolfo Colombo, jefe de Asesores del gobierno. Colombo comparó la situación con un reclamo arbitrario por la Patagonia o el petróleo mendocino.
Colombo, en declaraciones a radio Fénix, cuestionó el timing riojano: «Llama la atención que este año piensen en minería cuando nunca han planteado un programa minero en La Rioja». Interpretó la acción como una «demagogia» para «defender lo nuestro» donde no corresponde.
Desde La Rioja, Pedro Goycochea, asesor general de la Gobernación, respondió a Riojavirtual que no se busca «una confrontación con el pueblo de San Juan». Su argumento central es que la ley actual carecería de vigencia, ya que, según él, la Corte Suprema habría advertido en 2024 que la ley promulgada por Juan Carlos Onganía nunca fue ratificada por el Congreso.
Por su parte, el fiscal de Estado sanjuanino, Sebastián Dávila, declaró a Tiempo de San Juan que «no existe ninguna duda» sobre los límites interprovinciales, pues «el límite está fijado» desde hace décadas.
Dávila recordó que, si bien la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional son las únicas instancias facultadas para zanjar disputas interprovinciales, San Juan también se ampara en la titularidad de las regalías por recursos minerales o hidrocarburos explotados en su territorio.
Esta postura se fundamenta en la Constitución Nacional reformada en 1994, que establece la pertenencia de los recursos naturales a cada provincia.
En una entrevista con Riojavirtual, Dávila fue explícito sobre las explotaciones mineras en la zona de Josemaría: «lo que está dentro de los límites de San Juan será para San Juan y la autoridad de aplicación es el Ministerio de Minería de la provincia», concluyendo que «los recursos naturales están dentro de San Juan y son para San Juan sus regalías. Así lo dice la Constitución Nacional».
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