Giro decisivo en Aguada San Roque: Corte Suprema revisará las penas por la trágica explosión

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén habilitó una instancia crucial en la causa por la trágica explosión ocurrida en junio de 2021 en la escuela albergue de Aguada San Roque. El máximo organismo judicial provincial declaró admisibles los recursos extraordinarios federales presentados por cuatro de los cinco condenados, abriendo así la puerta para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise sus penas.

Este paso se produce luego de que el proceso judicial agotara todas las instancias de apelación en el ámbito local, marcando un hito en la búsqueda de justicia por las víctimas del siniestro. Aquella explosión cobró la vida de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino, Mariano Spinedi, quien colaboraba en el lugar.

En el juicio que siguió a la investigación, fueron hallados responsables por el delito de estrago culposo seguido de muerte varios funcionarios y empresarios. Se trata de Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y Sergio Percat, vinculados a Obras Públicas, junto con los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni, de la firma contratista Arte Construcciones.

Las sentencias originales, que oscilaron entre los cuatro y los cinco años de prisión efectiva para la mayoría de los condenados, fueron impugnadas por sus defensas. Los abogados Juan Manuel Coto (representante de Capdevilla y Córdoba), Melina Pozzer (por Bulgheroni) y Gonzalo Rodríguez (defensor de Percat) impulsaron estos recursos ante el TSJ, que finalmente fueron admitidos para su revisión federal.

Los argumentos de la defensa fueron variados y contundentes. La abogada Pozzer calificó la condena de Bulgheroni de «arbitraria», argumentando que se basó en «afirmaciones dogmáticas» sin considerar otros elementos del proceso. Por su parte, Coto también hizo referencia a la arbitrariedad, señalando una «falta de identidad entre el hecho acusado y el hecho por el cual se condenó» a sus representados. En tanto, Rodríguez cuestionó la responsabilidad de Percat, sosteniendo que la causa del estrago «debió haberse atribuido a la conducta desplegada por el gasista fallecido» ya que la instalación de gas le competía exclusivamente a él.

La resolución del TSJ se dio a conocer la semana pasada y generó una reacción inmediata del gremio docente ATEN, que participa en la causa como querellante. La organización manifestó en sus redes sociales: «Si bien esto significa que la sentencia aún no está firme y aunque intenten dilatar el cumplimiento de la sentencia, más temprano que tarde irán presos», reafirmando su postura.

Las condenas iniciales habían sido dictadas con los siguientes términos: Sergio Percat, director de Obras Contratadas, recibió cinco años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos y diez años para ejercer como ingeniero. Carlos Córdoba, exdirector de Obras Públicas, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos y ocho años para ejercer como maestro mayor de obras. Raúl Capdevilla, de la misma dependencia, obtuvo una pena de cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para cargos públicos y ocho años para desempeñarse como maestro mayor de obras.

En cuanto a los empresarios, Diego Bulgheroni fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación profesional como arquitecto. Héctor Villanueva, en cambio, recibió tres años de prisión condicional, con reglas de conducta y la obligación de realizar trabajos comunitarios.

Cabe recordar que, el 29 de junio pasado, al cumplirse el quinto aniversario de la explosión, ATEN había convocado a un paro provincial y realizó una movilización multitudinaria para exigir la ejecución de las sentencias.