Una semana después de un desalojo que impactó a la comunidad mapuche en El Pedregoso, cerca de Villa La Angostura, la justicia ha dictaminado un freno parcial. El juez civil local, Francisco Astoul Bonorino, consideró “frustrado” el segundo tramo del operativo y determinó que cualquier avance para completar el procedimiento requerirá una nueva presentación judicial.
El predio en cuestión se ubica estratégicamente a la vera de la Ruta Nacional 40, en una franja de tierra que se extiende entre el lago Nahuel Huapi y la ladera de un cordón montañoso.
Este conflicto judicial data de 2011 y culminó con una sentencia firme en todas las instancias, que ordenó la restitución de las tierras a María Cristina Broers, quien se presentó como propietaria e inició la denuncia original. Guillermo Hensel, abogado de la parte actora, precisó que la reciente resolución del juez afecta la porción del predio aún no desalojada. En contraste, la fracción donde se llevó a cabo el operativo la semana anterior ya se encuentra en manos de la familia con titularidad registral.
El primer tramo del desalojo se concretó el miércoles pasado, con la participación de la Policía provincial y oficiales de Justicia. Los efectivos se dirigieron primero hacia la zona del lote lindera al lago Nahuel Huapi, donde residían familias vinculadas a la comunidad Quintriqueo (Kinxikew). Tras ser notificadas de la orden judicial, las personas en el lugar se retiraron pacíficamente por sus propios medios y luego se trasladaron a Villa La Angostura.
Luis Virgilio Sánchez, abogado de las comunidades Quintriqueo y Melo, quienes habitan el lote en disputa, subrayó la importancia de lo dispuesto por Bonorino. Sánchez había presentado al juez un planteo de nulidad y una propuesta de arbitraje. Asimismo, manifestó que el procedimiento se realizó con el expediente en reserva, situación que, según él, dificultó el ejercicio de su labor como defensor.
El despliegue policial y judicial se extendió hasta las primeras horas de la tarde de aquel día, cuando se intentó, sin éxito, avanzar hacia el sector donde se encontraba la comunidad Melo, al otro lado de la ruta que divide la parcela reclamada por Broers. En su resolución emitida este martes, el juez Bonorino verificó “la imposibilidad del desalojo” en esta área y ordenó el retiro de “todos los actores” del lugar. Además, estableció que cualquier nuevo intento de restitución de los terrenos pendientes deberá realizarse mediante la solicitud de un nuevo “mandamiento”.
Al respecto, Sánchez reiteró: “El juez dice que, si quieren volver a hacer el desalojo, tendrán que volver a hacer un mandamiento. Obviamente nosotros vamos a tratar de impedir eso porque además hay un planteo de nulidad pendiente”.
Fuentes judiciales consultadas aclararon que esta medida no implica una “suspensión de la ejecución” de la sentencia original, ya que el proceso legal continúa su curso. Lo que el juez hizo, en cuanto al arbitraje, fue dar traslado de la propuesta a la parte actora, manteniendo activa la causa de fondo.