En el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad conocido como ‘La Escuelita’ en Neuquén, la Fiscalía Federal ha solicitado las penas máximas para los acusados, enfatizando la gravedad de los delitos cometidos desde el propio Estado. El fiscal Miguel Palazzani fue contundente al afirmar: “Ninguno de los delitos que se estén juzgando son más graves que los cometidos desde el Estado, en un Estado criminal, no había salida para estas personas”.
El equipo fiscal, integrado por José Cendagorta, Gabriela Schumacher y David Maestre, detalló cómo cada uno de los diecisiete casos juzgados involucró a personas que fueron espiadas o fichadas durante años debido a su actividad estudiantil, gremial, disidencia o militancia política. Maestre explicó que los grupos de tarea operaban “por distintos lugares del país haciendo lo mismo: localizar los blancos, formar grupos de tarea, organizar operativos, hacer funcionar La Escuelita y llevar a cabo los interrogatorios bajo tortura para liberar o hacer desaparecer” a los perseguidos políticos.
La fiscalía pidió prisión perpetua para los oficiales de inteligencia Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale y Hugo Renés. Se les responsabiliza por los homicidios de las desaparecidas Leticia Veraldi y Carmen Delard, así como de José Luis Appel de la Cruz y Juan Raúl Pichulmán. Además, se les imputan las torturas sufridas por otras catorce personas. En el caso específico de Renés, se le acusa por los tormentos infligidos a Juan Colobig durante un mes en junio de 1978 en el sótano de la delegación de la Policía Federal, y por los más de cuatro años y medio de sufrimiento posterior en tres cárceles de la dictadura.
Para Emilio Jorge Sachitella (25 años) y Miguel Cil (21 años), ambos miembros de Gendarmería, la fiscalía solicitó penas por casos como el de Juan Molinez, de Roca, torturado en centros clandestinos de Junín y San Martín de los Andes tras encontrársele textos religiosos prohibidos. También se los vincula con la persecución de hombres y mujeres en Bariloche y San Martín de los Andes por su condición de gremialistas o peronistas. El fiscal Maestre recalcó que “todos estos hechos no podrían haber sido posibles sin su aporte”.
En cuanto al policía de Río Negro, Miguel Ángel Ferrari, y al militar Carlos Carretto (quien fue interventor en Catriel en 1976), el equipo fiscal pidió seis años de prisión. La acusación se relaciona con un interrogatorio en la comisaría de Catriel y las medidas coercitivas padecidas por la víctima con posterioridad.
Un aspecto central del alegato de la fiscalía fue la solicitud de medidas reparatorias para las infancias, presentada a los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián. Se pidió que la sentencia declare el asesinato de Carlos Magariños tras su secuestro, a pesar de la ausencia de culpables directos por este homicidio debido al fallecimiento de Oscar Reinhold durante el proceso.
Además, se instó a establecer alguna medida que reconozca el daño transgeneracional ocasionado en las infancias, producto de las desapariciones y tormentos sufridos por sus padres, o por haber presenciado torturas y abusos, incluyendo el exilio forzado. Maestre destacó que este daño fue una parte planificada del “plan sistemático” de represión. Mónica Pérez, hija de Carlos Pérez, quien falleció siete años antes de este juicio en San Martín, compartió su dolor: “Siempre viví el secuestro y desaparición de mi papá, como algo del mundo adulto; pero fue un espanto, sigue estando en mi retina cuando mis compañeros en la escuela me decían Mónica, se están llevando a tu papá y yo corrí hasta el paredón”.
Las medidas reparatorias se solicitaron específicamente para Victoria Appel, hija de Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, quien vive en el exilio; para Mariana Méndez y Sabino Magariños; para Carlos Pichulmán; y para Paz y María Sol Colobig. Palazzani explicó que el objetivo es “que se reconozca una realidad que quedó postergada, que se visibilice que las infancias fueron víctimas directas y no daño colateral del secuestro de sus padres o familiares. Que lo diga una sentencia, empieza a romper un poco esa invisibilización que sufrieron”. Mónica Pérez añadió que para ella, este juicio es “justo y valedero, esto, como honrar su vida”. Recordó que su padre “dio todo su testimonio antes de fallecer, vine por él y ahora me doy cuenta que también vine por mí: ver escrito sus fechas de entradas, la hora, quién fue, las firmas en los documentos… la verdad ya lo sabía, pero estoy perdida ahora en esa niña y en esta adulta”.
Por su parte, los defensores oficiales Pablo Repetto, Lucas Oller y Federico Ferro iniciaron su alegato en defensa de los ocho acusados por delitos de lesa humanidad. En su intervención inicial, solicitaron la absolución de Miguel Ángel Ferrari y Carlos Carretto, quienes llegaron procesados al juicio por la privación ilegal de la libertad y el interrogatorio bajo amenaza de Luis Mendoza en la comisaría de Catriel. La defensa argumentó, entre otras cosas, la prescripción de la causa y la posibilidad de que la víctima hubiese confundido a Carretto con otra persona que le apuntaba con un arma durante el interrogatorio. Las audiencias defensistas continuarán el 10 y el 11 de agosto, a partir de las 9:30 en el salón de AMUC.
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