Lo que para el ciudadano común se presenta como un sistema penal rígido y estricto, diseñado para aplicar la ley sin excepciones, para ciertos círculos de poder —sean estos políticos, sindicales o sus extensiones familiares— a menudo se transforma en un camino inclinado hacia la impunidad. Las reglas del juego parecen cambiar radicalmente cuando los involucrados ostentan influencia o recursos.
Esta dinámica no siempre se manifiesta a través de sobornos directos o manipulación flagrante. Más bien, opera mediante un engranaje procesal sutil, pero eficaz, creado para complicar cualquier investigación hasta que esta pierda su fuerza y se torne inofensiva, diluyendo las responsabilidades iniciales.
Un reciente episodio ha servido como un claro ejemplo de este mecanismo en acción: el que involucra al exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano y a su pareja, Candela Arizaga. Lo que comenzó en la madrugada con llamadas al 911, una joven deambulando por la Avenida Libertador, la intervención del SAME y graves imputaciones por lesiones y privación ilegítima de la libertad, además de un trasfondo de consumo de sustancias, rápidamente viró hacia un escenario plagado de versiones contradictorias.
En cuestión de horas, el relato oficial tomó un giro inesperado. Se habló de llamadas a emergencias por un supuesto brote psicótico, se mencionó un RCP con una sola mano y las declaraciones cruzadas comenzaron a aparecer primero en los medios y luego en sede judicial. Este cambio vertiginoso en la narrativa, complementado por una rápida estrategia de «moderación letrada», es un patrón recurrente. Es el protocolo del poder en funcionamiento: una combinación de contención mediática, redefinición de los hechos y relativización de la gravedad original, buscando que el impacto social de la noticia se disipe con el tiempo.
Este no es un incidente aislado; es un síntoma visible de las complejas estrategias de ingeniería procesal que solo están al alcance de quienes poseen los recursos y contactos adecuados. Cuando una persona con peso político o social se ve implicada, las garantías constitucionales, concebidas para proteger a todos los ciudadanos del Estado, pueden desvirtuarse, transformándose en un privilegio reservado.
Mientras un ciudadano común se enfrentaría a una prisión preventiva o a un proceso sin atenuantes, aquellos que pertenecen a la «casta» o como se prefiera llamarlos, despliegan una serie de artimañas legales que pueden convertir un delito grave en un simple malentendido o en un drama sacado de contexto. Esta disparidad erosiona la confianza pública en el sistema judicial.
La destrucción de la confianza institucional es una consecuencia directa de la inacción de los jueces frente a las «chicanas» sistemáticas y la constante cesión de la Justicia penal ante presiones mediáticas y políticas. No se trata de coincidencias del destino, sino de una arquitectura de impunidad meticulosamente diseñada por y para el poder. Cada causa que se estanca, cada contradicción que no se investiga y cada expediente que se archiva en la penumbra, son pruebas de cómo opera el poder en Argentina para asegurar que el peso de la ley recaiga, casi exclusivamente, sobre aquellos que carecen de influencias y no tienen a quién llamar en la madrugada.