El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ha confirmado la condena a prisión perpetua para Juan Jesús Fernández, uno de los implicados en el trágico doble crimen del diputado nacional Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón. Los hechos, que conmocionaron a la opinión pública, ocurrieron en mayo de 2019, cuando ambos fueron alcanzados por una ráfaga de disparos mientras caminaban por la Plaza Congreso.
La decisión del tribunal fue unánime al rechazar la apelación presentada por Fernández, quien había calificado su condena de arbitraria, según informaron fuentes judiciales. Esta ratificación reafirma las sentencias previas en un caso que, desde el inicio, descartó móviles políticos para centrarse en un acto de violencia aparentemente sin sentido.
El lamentable suceso tuvo lugar en la madrugada del 9 de mayo de 2019. Héctor Olivares, entonces diputado nacional por La Rioja, y su asesor Miguel Yadón, paseaban por las inmediaciones del Congreso cuando, de forma súbita, un Volkswagen Vento se convirtió en el origen de los disparos. Yadón falleció en el acto tras recibir tres impactos de bala —uno en el cuello, otro en la axila y un tercero en la pelvis—. Olivares, herido gravemente en el abdomen, luchó por su vida durante tres días, pero finalmente falleció.
La investigación posterior identificó a Juan José Navarro Cádiz como el autor material de los disparos y a Juan Jesús Fernández como el propietario y conductor del vehículo. En 2021, ambos fueron condenados tras un juicio oral. Navarro Cádiz recibió una pena de 45 años de prisión por homicidio agravado por alevosía reiterado en dos ocasiones, mientras que Fernández fue sentenciado a prisión perpetua en calidad de partícipe necesario del mismo delito. Navarro Cádiz falleció en 2023.
Durante el proceso, Navarro Cádiz admitió haber realizado los disparos, aunque sostuvo que su intención no era matar. Alegó que solo pretendía disparar a un ombú ubicado en la plaza y que, por error, una ráfaga de proyectiles impactó en el diputado y su asesor. Esta versión fue clave en la reconstrucción de los hechos.
Inicialmente, se barajaron diversas hipótesis, desde un crimen político hasta un atentado contra la democracia o una venganza personal. Sin embargo, la investigación encabezada por el juez de instrucción Mariano Iturralde descartó todas estas teorías. El magistrado concluyó en su acusación que el acto fue «una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser», una descripción escalofriante de la falta de motivo aparente.
Por su parte, Juan Jesús Fernández siempre mantuvo su inocencia, argumentando desconocer las intenciones de Navarro Cádiz. «Me parece injusto que por sacar mi auto, que lo sacaba todos los días de mi propiedad, me quieran dar una condena a perpetua por irme con mi vehículo. También me quieren dar una perpetua por no conocer o no saber las intenciones de las personas», expresó durante el juicio. Insistió en que no participó en los crímenes y que ninguna prueba lo incriminaba directamente.
Tras la condena a prisión perpetua, la defensa de Fernández apeló la decisión ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que también confirmó la sentencia. Posteriormente, la apelación llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, este último tribunal determinó que la defensa no logró demostrar la vulneración de principios, derechos o garantías que justificaran una intervención excepcional en un asunto que, como regla, le es ajeno, ya que «todos los asuntos planteados fueron extensamente debatidos durante el proceso y resueltos por los jueces de la causa».
El fallo fue rubricado por los jueces Luis Lozano, Santiago Otamendi, Alicia Ruiz, Inés Weinberg y Marcela De Langhe. La defensa de Fernández aún tiene la posibilidad de apelar esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, manteniendo abierto el último capítulo legal de este resonante caso.