El presidente Donald Trump ha reiterado su firme apoyo a la expansión de los centros de datos en Estados Unidos a través de su plataforma Truth Social. Esta postura, que la Casa Blanca defiende como esencial para la supremacía tecnológica frente a potencias como China, se ha convertido en un serio problema electoral a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre.
Lo que busca ser un avance en infraestructura digital ha generado un profundo descontento en su base electoral conservadora de las zonas rurales. Los principales reclamos giran en torno a la presión sobre la red energética, el uso intensivo de recursos hídricos y el consecuente aumento del costo de vida.
La promesa central de la campaña electoral de Trump fue la de restaurar el poder adquisitivo y reducir el costo de vida para las familias trabajadoras, especialmente en áreas rurales y suburbanas afectadas por la inflación. Sin embargo, la demanda energética que requiere la inteligencia artificial y la infraestructura de los centros de datos está produciendo el efecto contrario en el bolsillo del contribuyente.
La construcción de estas gigantescas instalaciones exige una cantidad tan elevada de energía eléctrica que, en diversas regiones, ya se ha traducido en incrementos directos en las tarifas de luz residenciales. A esto se suma una creciente tensión hídrica en comunidades agrícolas golpeadas por la sequía, donde millones de galones de agua se destinan diariamente al enfriamiento de servidores, en lugar de al riego de cultivos.
Así, un debate que comenzó siendo técnico sobre infraestructura digital ha evolucionado para convertirse en un tema central de la agenda electoral. Ha propiciado una inusual convergencia política entre ganaderos conservadores y grupos ambientalistas de izquierda, unidos por preocupaciones comunes.
La postura de Trump a favor de los centros de datos choca con la visión más cautelosa —y a veces directamente opuesta— de varios líderes republicanos en estados gobernados por el propio Partido Republicano. Gobernadores y candidatos a escaños críticos en el Congreso han optado por distanciarse de la línea presidencial o por imponer regulaciones más estrictas.
Un ejemplo es Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott, quien busca un cuarto mandato consecutivo, ha impulsado medidas legislativas para eliminar exenciones fiscales multimillonarias que él mismo había promovido previamente para el sector tecnológico. Tras los reclamos de la ciudadanía, Abbott endureció las exigencias, obligando a las empresas tecnológicas a asumir sus propios costos de consumo eléctrico para evitar impactar las facturas de los ciudadanos.
Ante el temor de perder distritos competitivos, el Comité Nacional Senatorial Republicano (NRSC), el brazo estratégico del Senado republicano, ha aconsejado a sus candidatos que promuevan votaciones de aprobación local antes de autorizar nuevos centros de datos. El propio Trump ha ofrecido cierto margen de maniobra, declarando que es “comprensible si algún candidato debe tomar una posición local”.
Una proyección de Polymarket, publicada este lunes, anticipa una victoria para los demócratas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de medio mandato.
El vicepresidente JD Vance también abordó el tema este lunes, en un breve intercambio con periodistas. Mientras abordaba el Air Force Two, Vance señaló que “probablemente el 99% de la reacción negativa contra los centros de datos proviene de áreas donde la construcción de un centro de datos implica mayores costos de servicios públicos y facturas de electricidad más altas para la gente de la zona”.
Vance añadió que las empresas deberían “aprovechar algunas de las medidas de desregulación federal” implementadas por la administración. Concluyó diciendo: “Si construyes un centro de datos, deberías inyectar energía a la red, no consumirla. Si esto sucede, no creo que los centros de datos sean tan problemáticos”.
La insistencia de la administración Trump en proteger la desregulación ambiental para los centros de datos, a través de agencias como la EPA, subraya la prioridad geopolítica del gobierno: ganar la carrera tecnológica global. No obstante, esta estrategia pone a prueba la lealtad de cientos de comunidades en Estados Unidos.
A medida que se acercan las elecciones de noviembre, la contienda de medio mandato determinará si las promesas de dinamismo económico e ingresos fiscales logran convencer a una ciudadanía cada vez más preocupada por los costos de vida, la inflación y la guerra contra Irán.
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