La impunidad bajo el uniforme: Saqueos y el destino incierto de la ayuda en Venezuela

Videos que muestran a funcionarios uniformados —policías y militares— saqueando entre escombros han circulado ampliamente en redes sociales como Instagram, X y Facebook en las últimas horas. Estas imágenes captan a los efectivos aprovechando su rol y uniforme para buscar dinero, joyas, electrodomésticos y otros bienes de valor en zonas donde viviendas y edificios se han desplomado.

Ante estos hechos, las autoridades no han emitido advertencia alguna ni se han pronunciado con denuncias, manteniendo un silencio habitual. Esto lleva a cuestionar si se trata de incidentes aislados o si, por el contrario, responden a un patrón de conducta, similar a lo que ocurre con los secuestros, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y métodos de tortura que también siguen una misma lógica.

La impunidad se erige como la base común de las múltiples prácticas delictivas atribuidas a policías y militares venezolanos. Los funcionarios parecen entender que sus acciones ilícitas contra ciudadanos indefensos no serán investigadas ni castigadas. Su única limitación, el único error que no pueden cometer, es sustraer bienes a individuos conectados con el poder o a altos cargos del partido y el gobierno, lo cual sí podría acarrearles consecuencias.

Fuera de esa excepción, todo parece permitido. Subyace la creencia tácita de que el territorio venezolano, con sus habitantes y sus bienes, es un coto privado para el uso y disfrute impune de los uniformados, especialmente aquellos que demuestran fanatismo o activismo a favor del régimen.

Estos cuerpos uniformados, descritos como moralmente minados, incompetentes y desprovistos de profesionalismo, pertenecen a instituciones empobrecidas por la propia corrupción. Funcionarios expertos en prebendas y corruptelas, resultan impotentes para responder a la tragedia venezolana desencadenada el 24 de junio, tras dos terremotos y una cadena de réplicas.

Venezuela, sumida en esta tragedia, se enfrenta a un Estado cuyas instituciones, funcionarios y recursos están hundidos en la miseria, la estupidez y la podredumbre de la corrupción. Este término abarca una cultura de abusos, autoritarismo, desprecio hacia los ciudadanos e insensibilidad ante la muerte, un contexto donde la estulticia y la prevaricación no dejan de crecer.

Esta degradación estatal es la que, utilizando la Asamblea Nacional para sus fines, intensificó la persecución de ONG y organizaciones del tercer sector en 2024, neutralizándolas, ilegalizándolas y forzando al exilio a varios de sus dirigentes. Estas estructuras, muchas de ellas profesionales y con experiencia, no podrán ahora aportar sus capacidades fundamentales para afrontar las secuelas de los terremotos.

La situación ha llegado al extremo de detener y torturar a trabajadores humanitarios de otros países (Colombia, Italia), para luego extorsionar a sus naciones de origen. También se intervino judicialmente a la Cruz Roja de Venezuela para imponer autoridades afines al régimen.

La podredumbre a la que se hace referencia mantiene el bloqueo a medios de comunicación y redes sociales justo cuando miles de familias demandan información y comunicación fluida para buscar a sus desaparecidos, y la sociedad necesita conocer la especificidad de lo ocurrido y los peligros aún latentes.

Los uniformados, sintiéndose propietarios y con poder ilimitado sobre cada hecho y punto del territorio, cultivan otra especialidad: impedir que periodistas y reporteros gráficos realicen su trabajo. Como si ello pudiera ocultar las terribles realidades del país y, en este momento, las dantescas escenas de edificios caídos, personas clamando auxilio bajo los escombros, y uniformados que, especialmente por la noche, buscan qué robar y sustraer para engordar sus bolsillos.

La podredumbre se manifiesta en un Estado que obliga a la misión de la ONU en Venezuela a contratar a miembros del partido oficial; que carece de un plan para responder a las demandas de las familias de La Guaira, cuya vida se ha reducido a escombros; o que, de los cinco millones de milicianos anunciados hace pocos meses, no cuenta con un centenar para auxiliar a las víctimas del horror sísmico. Es este Estado el que, a estas horas, realiza denodados esfuerzos y preparativos para controlar y saquear la ayuda internacional.

El Estado sumido en esta profunda corrupción no puede responder a las preguntas más urgentes y escandalosas: ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Dónde están sus cacareadas y poderosas fuerzas rescatistas? ¿Dónde los recursos logísticos, maquinarias, herramientas e insumos para atender el sufrimiento de las víctimas?

Este Estado, en su estado de descomposición, se prepara para saquear la ayuda humanitaria proveniente de otros países, de familiares y de ciudadanos del mundo conmovidos por el sufrimiento continuo y exacerbado de los venezolanos.