Las dos velocidades de la Justicia

Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

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Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.