La vertiginosa expansión de las plataformas tecnológicas ha abierto un campo de batalla sin precedentes entre la inteligencia artificial (IA) y los derechos de autor. En un diálogo con Rivadavia Neuquén, la abogada Cecilia Melki, especialista en derecho informático, analizó el controvertido “Proyecto Panamá” y alertó sobre cómo la digitalización masiva puede poner en riesgo nuestra identidad cultural regional.
Lo que antes parecía un debate futurista es hoy una preocupación apremiante, con conflictos que ya se dirimen en los tribunales y repercuten directamente en nuestra cultura. Mientras los gigantes tecnológicos recopilan datos a gran escala para entrenar sus modelos de lenguaje, escritores, creadores de contenido y especialistas denuncian un “saqueo” sistemático de la propiedad intelectual.
Uno de los casos más resonantes es el del “Proyecto Panamá”, impulsado por Anthropic, la compañía detrás del modelo Claude. Según Melki, la empresa adquirió una enorme cantidad de libros antiguos o fuera de catálogo con el objetivo de digitalizarlos de forma industrial. La particularidad del método fue su brutalidad: para agilizar el escaneo, los ejemplares físicos fueron “destruidos, rompiendo la estructura del libro para generar archivos visuales planos”.
Anthropic intentó justificar su accionar apelando a las doctrinas estadounidenses de la “primera venta” y el “uso justo”, argumentando fines de investigación. Sin embargo, esta maniobra desató una cuantiosa demanda colectiva. Para evitar un fallo que sentara un precedente adverso, la empresa acordó un arreglo extrajudicial de 1.500 millones de dólares. En los últimos meses, autores de renombre global han presentado reclamos similares contra corporaciones como OpenAI y Meta.
En Argentina, el panorama legal presenta singularidades. A diferencia de Estados Unidos, nuestra legislación no contempla el concepto de “uso justo” en estos términos. La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que data de 1933, prohíbe taxativamente la copia no autorizada.
A esto se suma el principio fundamental de la “reserva de humanidad”, que establece que “la calidad de autoría le corresponde exclusivamente a las personas humanas”. Esto significa que una inteligencia artificial no puede ser considerada autora ni poseer personalidad jurídica. Pese a ello, un reciente proyecto de ley nacional propone habilitar las “sociedades comerciales sintéticas”, es decir, empresas operadas íntegramente por agentes de IA. Esta iniciativa genera inquietud entre los juristas por la ambigüedad en torno a la atribución de responsabilidades y obligaciones.
Más allá de las cifras millonarias en juego, el impacto más profundo de esta carrera tecnológica es de índole cultural. La destrucción de libros físicos no solo implica la pérdida de los objetos en sí, sino también de la “metadata” asociada –como la calidad de la edición, el tipo de encuadernación o el año de impresión–, elementos fundamentales para el registro histórico de una obra.
Pero el daño se extiende a nuestra forma de comunicación. Los modelos de lenguaje masivos, entrenados con un español neutro y estandarizado, amenazan con diluir la riqueza y diversidad de nuestro idioma. Tal como advierte la especialista Melki, el riesgo es perder la enorme biodiversidad de nuestra habla: “No hablamos igual en la Patagonia que en Misiones, Salta o Jujuy”. Si las herramientas cotidianas imponen un lenguaje homogéneo y enlatado, corremos el riesgo de ir borrando, palabra a palabra, nuestra propia identidad cultural.
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