Cristian Malaspina, quien se desempeña como secretario general de la AFA y es un estrecho colaborador de Claudio «Chiqui» Tapia, ha sido noticia tras la adjudicación de un millonario contrato por parte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Este organismo estaba bajo la dirección de Juan Bautista Mahiques antes de su nombramiento como ministro de Justicia de la Nación. La empresa de Malaspina, DataCloud SA, obtuvo casi 180 millones de pesos por un servicio de consultoría en inteligencia artificial.
La licitación, que concluyó formalmente el jueves 3, se caracterizó por no contar con otros oferentes. DataCloud SA, fundada por el propio dirigente de la AFA, donde Cristian Malaspina figura como director titular y presidente, fue la única participante y, consecuentemente, la adjudicataria. Pedro Malaspina, padre del dirigente, figura como director suplente de la empresa.
Este contrato se suma al perfil público de Malaspina, quien estuvo procesado y aún es investigado en una causa por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales de la AFA. En esta investigación también están involucrados el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
La propuesta económica de DataCloud SA estuvo ligeramente por debajo del límite de 180 millones de pesos establecido para la contratación. Es relevante destacar que la empresa de Malaspina fue la única que se presentó en el proceso licitatorio. La selección de la firma avanzó en un período de transición, antes de que se designara al sucesor de Mahiques como fiscal general porteño.
Según el documento oficial de la Licitación Pública N° 10/26, rubricado por el fiscal general adjunto Pablo Esteban Garcilazo, se determinó que «la oferta cumple con los requerimientos técnicos definidos». En consecuencia, se resolvió «adjudicar a la empresa DataCloud SA (…) por la suma total de pesos ciento setenta y nueve millones seiscientos ochenta y cinco mil ($179.685.000) IVA incluido».
Tal como reveló Clarín en agosto, la Comisión Evaluadora de Ofertas había recomendado la preadjudicación a DataCloud SA. El objetivo era concretar «la contratación del servicio de consultoría en inteligencia artificial para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de bases y condiciones».
Este no es el único vínculo comercial de Malaspina con la Justicia porteña. Previamente, el 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la ciudad había contratado a la misma empresa, DataCloud SA, por un valor de 85.000 dólares. En ese entonces, Malaspina ya era presidente de Argentinos Juniors.
El contrato de la Licitación Pública N° 23/24 estaba destinado al servicio de alojamiento de servidores en la nube por un período de doce meses. Al igual que en la licitación más reciente, la empresa de Malaspina fue la única en presentar una oferta, según información verificada por Clarín.
La suma de ambos contratos representa un beneficio total de $263.707.500 para DataCloud SA. Este monto se desglosa en los $84.022.500 correspondientes al pago en dólares del servicio en la nube de 2024 (convertido a pesos) y los $179.685.000 del reciente contrato de consultoría de 2026. Es importante señalar que estas contrataciones se concretaron durante el período en que Juan Bautista Mahiques ejercía influencia en la procuración porteña, antes de su actual rol como ministro.
La trayectoria de Cristian Malaspina combina el ámbito empresarial tecnológico con su rol como dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Malaspina comenzó su actividad en el sector tecnológico en 2011 con DataWise SA, una empresa enfocada en soporte y consultoría informática. Una década después, en marzo de 2021, se registró oficialmente en el Boletín Oficial la creación de DataCloud SA.
Paralelamente a su carrera empresarial, Malaspina ascendió dentro de la AFA. Su ascenso se inició con la presidencia del club Argentinos Juniors, que asumió en 2015.
Su lealtad a Claudio Tapia se manifestó en su voto a favor de la reelección de este último. Como resultado, en 2025, Malaspina fue nombrado secretario general de la AFA, un cargo en el círculo cercano de «Chiqui» Tapia.
En el ámbito judicial, Malaspina había sido procesado por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en carácter agravado. Esta causa penal económica fue impulsada por el juez Diego Amarante a raíz de una denuncia de la agencia fiscal ARCA. No obstante, a diferencia de Tapia y Toviggino, Malaspina consiguió que su procesamiento fuera revocado en una instancia judicial superior.
La investigación se centra en la presunta retención indebida, por parte de la AFA, de más de 19.300 millones de pesos. Este monto corresponde a conceptos de IVA, Impuesto a las Ganancias y cargas sociales, en el período comprendido entre los años 2024 y 2025.
Durante su declaración, el dirigente negó cualquier responsabilidad en el manejo financiero de la asociación. Argumentó que el rol de secretario general no incluye funciones de administración tributaria, y que carece de las claves fiscales operativas y de la facultad para emitir Volantes Electrónicos de Pago. Estas responsabilidades las atribuyó directamente a sus superiores.
En junio de 2026, la Cámara en lo Penal Económico revocó el procesamiento de Malaspina, considerándolo «prematuro». A pesar de ello, su situación judicial permanece abierta. El tribunal de apelaciones, mientras ratificaba los procesamientos de Tapia y Toviggino, ordenó la profundización de las medidas de prueba sobre Malaspina para determinar con exactitud su posible implicación en la presunta maniobra delictiva.
Los vínculos entre Juan Bautista Mahiques y la cúpula…