Lomas de Zamora: Excuñado de Insaurralde, con prohibición de salir del país, bajo la mira por contratos de obra pública

El juez federal Luis Armella rechazó los pedidos de detención, pero ordenó la prohibición de salir del país para Jesica Cirio, Martín Insaurralde y Víctor Donadio, excuñado del exintendente. Donadio, vinculado a la empresa DOIO S.A., se encuentra en el centro de la investigación por el presunto direccionamiento de la obra pública en el municipio de Lomas de Zamora.

DOIO S.A. construyó la mansión de Insaurralde en San Vicente y obtuvo al menos doce contratos de obra pública para la Municipalidad de Lomas de Zamora, además de otros acuerdos con intendentes del conurbano bonaerense de la esfera kirchnerista. Informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), junto con dictámenes del fiscal federal Sergio Mola, señalan a Donadio y a su empresa por supuestos vínculos económicos opacos con Insaurralde.

Víctor Donadio, quien fue esposo de una de las hermanas del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof entre 2007 y 2009, es considerado uno de sus hombres de confianza y participaba en reuniones políticas. Aunque el juez Armella ha manifestado que existe una “orfandad probatoria” que mantenga a Donadio imputado, la medida cautelar de prohibición de salida del país se considera significativa.

La causa investiga si el crecimiento patrimonial de Martín Insaurralde pudo haberse financiado, entre otras hipótesis, mediante el manejo del juego en la provincia de Buenos Aires, la protección política a la feria de La Salada y el presunto direccionamiento de la obra pública en el municipio. Documentos, a los que accedió Clarín, describen diversas operaciones relacionadas con la obra pública en Lomas de Zamora, muchas de cuyas inauguraciones contaron con la presencia de la expresidenta Cristina Kirchner.

Entre los negocios bajo la lupa, se destaca que DOIO S.A. fue la empresa que originalmente adquirió los lotes de aproximadamente 6.000 metros cuadrados donde luego se edificó la mansión de Insaurralde en San Vicente. Donadio también recomendó al arquitecto Federico Furcio para la construcción de dicha propiedad. Según la documentación del fiscal, las nuevas obras fueron abonadas por Insaurralde, mientras que las expensas estaban a cargo de Jesica Cirio.

Las obras que beneficiaron a DOIO S.A. en Lomas de Zamora durante la gestión de Insaurralde incluyen el edificio del Honorable Concejo Deliberante, el Hogar de Mujeres Fátima Catán, la pileta y los vestuarios de Villa Albertina, el Cuartel de Bomberos y Centro Cívico, el Centro Cultural Néstor Kirchner, la Estación de Transferencia y el Polideportivo Néstor Kirchner. Durante ese período, también se registró una expansión de construcciones de gran altura en zonas estratégicas de la ciudad.

En el polo gastronómico Las Lomitas, la firma Sasaxa Libero explotó el restaurante Andiamo. Posteriormente, esa misma empresa se convirtió en propietaria de la mansión del exintendente. El juez Armella, a pedido del fiscal Mola, impuso medidas de coerción a Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Sofía Clerici, Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadio.

Estas medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de no ausentarse en un radio de 50 kilómetros del domicilio sin autorización judicial previa, así como informar al tribunal cualquier desplazamiento que implique una ausencia superior a 24 horas. Así, DOIO S.A. y Donadio permanecen bajo el escrutinio de la Justicia federal.

Este no es el primer acercamiento de la Justicia a estas irregularidades. El presunto direccionamiento de la obra pública había sido objeto de una investigación previa en la órbita bonaerense, que fue archivada y cuya documentación, según versiones periodísticas, fue destruida por el fiscal Carlos Baccini. Esta polémica decisión ha derivado en un pedido de jury y sanciones administrativas contra Baccini, y actualmente obstaculiza la investigación federal.

Como antecedente, en 2017, una auditora del Tribunal de Cuentas halló en dependencias municipales de Lomas de Zamora un conjunto de documentos que incluían facturas, remitos, sellos y formularios en blanco de empresas proveedoras, lo que sugería la existencia de un “kit” para confeccionar expedientes de contrataciones públicas sin seguir los procedimientos adecuados. Aunque el fiscal Pablo Rossi impulsó la investigación con allanamientos y pericias, fue reemplazado.

Su sucesor, Sebastián Bisquert, archivó el expediente en noviembre de 2020, argumentando falta de pruebas de un delito penal y calificándolo, en el peor de los casos, como una irregularidad administrativa sin perjuicio económico comprobado. Esta decisión fue confirmada por el entonces fiscal general interino Carlos Baccini, quien además dispuso el destino de los elementos secuestrados.

Más tarde, el fiscal Jorge Grieco ordenó devolver parte de la documentación al contador municipal Hernán Rosin y al abogado municipal Alberto Colautti. El resto del material, que incluía escuchas telefónicas y el contenido de una computadora, fue destruido con autorización judicial. Ante este panorama, se ha presentado un pedido de juicio político y otro disciplinario contra Carlos Baccini por presunto incumplimiento de deberes, acusaciones que él ha rechazado, alegando haber actuado conforme a la normativa vigente y que el expediente nunca fue cerrado definitivamente.