Malvinas: Milei manda esta semana la ley de Defensa de la Soberanía al Congreso

El Gobierno mandará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que contempla un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que busquen petróleo o pesquen en aguas de las Islas Malvinas, así como contra los barcos que naveguen ilegalmente dentro de las 200 millas de la Argentina.

La iniciativa estaba siendo ultimada este fin de semana por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios, según confirmaron a Clarín fuentes del oficialismo.

La intención es que el proyecto ingrese al Congreso durante la semana del 14 de septiembre y que el debate parlamentario comience en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre.

Uno de los puntos centrales será establecer un “mecanismo de salida” para las empresas que decidan retirarse de los negocios petroleros y pesqueros autorizados por los isleños, pero que, según la visión del Gobierno, responden a intereses estratégicos de Gran Bretaña.

En concreto, las compañías que abandonen esas actividades tendrían la garantía de que se les levanten las sanciones, explicaron las fuentes consultadas por Clarín. El objetivo político es, básicamente, “ponerle dientes” a la Ley 26.659, sancionada en 2011, que ya establece restricciones para las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.

El anuncio de estos cambios que hizo Milei la semana pasada, por cadena nacional, ya provocó que tres multinacionales que operan en Vaca Muerta anunciaran que no participaran de la extracción de hidrocarburos en la zona de Sea Lion y la caída del valor de las acciones de

En medios diplomáticos, por otra parte, se estimaba que la iniciativa podría generar un conflicto con el gobierno de España, debido a que varias empresas españolas tienen licencias de pesca emitidas por las autoridades de las Islas Malvinas sin autorización argentina. Es un negocio de 2 mil millones de dólares al año.

El proyecto también contempla avanzar sobre otro instrumento de fuerte impacto jurídico: la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para determinadas imputaciones vinculadas con violaciones a la soberanía nacional.

En el Gobierno analizaban cómo implementar ese mecanismo, que fue pensado principalmente para delitos de extrema gravedad, como atentados terroristas internacionales, entre ellos el ataque contra la AMIA, o delitos de lesa humanidad.

El procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, era uno de los funcionarios que estudiaba la aplicación de esa herramienta. Justamente esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a analizar su constitucionalidad a partir de un planteo de las defensas de los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.

Otro capítulo de la iniciativa apunta directamente al control del Atlántico Sur.

Sin violar las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un equipo de la Cancillería estudiaba si determinados barcos que naveguen dentro de las 200 millas argentinas podrían ser considerados “hostiles” cuando hayan colaborado previamente con empresas dedicadas a buscar petróleo o pescar en aguas de las Malvinas.

Este punto está relacionado con las facultades de la Armada y de la Prefectura Naval en materia de vigilancia y control del Atlántico Sur. Por la velocidad de un barco se puede determinar en los radares si está pescando u en otra actividad. Al Gobierno le preocupa la iniciativa de una empresa de navegación chilena que quiere brindarle apoyo logístico a los operadores de Sea Lion.

La nueva estrategia del Gobierno también incluye un fuerte componente tecnológico. En su discurso de la semana pasada, el presidente Javier Milei habló de la necesidad de “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”. Al día siguiente, mediante dos decretos de necesidad y urgencia, el Gobierno reasignó alrededor de $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que desarrolla y opera satélites.

La apuesta es que esa infraestructura tecnológica permita mejorar el seguimiento en tiempo real de lo que ocurre en el Atlántico Sur y que la Prefectura y la Armada puedan disponer de información más precisa e inmediata sobre los movimientos de buques en la zona.

El ministro de Defensa, teniente general Luis Presti, fue una suerte de “editor” de los capítulos del proyecto relacionados con el papel de las Fuerzas Armadas en el futuro Consejo de Seguridad Nacional, otro de los capítulos que tendrá el proyecto.

Ese organismo será creado por la iniciativa y tendrá entre sus objetivos la defensa de los derechos y los intereses estratégicos de la Argentina en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de la protección de infraestructura crítica, como las centrales nucleares, según informaron fuentes de Defensa consultadas por Clarín. El Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la SIDE serán parte de ese nuevo Consejo de Seguridad Nacional.