El Gobierno y un sector de economistas manifiestan una conformidad con la política económica actual. Argumentan que la situación presente de pobreza, la caída de la actividad industrial y la disminución del empleo formal son solo una etapa inicial del plan en curso.
Desde esta perspectiva, se presume que el equilibrio fiscal, el auge de los principales commodities (productos del agro, hidrocarburos y minería) y los futuros superávits comerciales conducirán al país por la senda del desarrollo económico, generando un aumento del empleo y de la actividad productiva.
Si bien se reconoce que la destrucción de puestos de trabajo, el consumo y la actividad industrial y comercial avanzan más rápido que el impulso económico futuro, la expectativa es que, tras un período de espera, el éxito llegará como resultado de las medidas tomadas.
Sin embargo, un grupo de economistas señala que esta visión omite elementos fundamentales para el desarrollo económico sostenible: las instituciones, la educación y la ciencia y tecnología.
El concepto de instituciones abarca dos pilares: por un lado, las normas que rigen la sociedad y el Estado, y por otro, las organizaciones (públicas, privadas y mixtas) que colaboran en la gestión del desarrollo económico.
Las normas que estructuran la sociedad y el Estado son cruciales porque definen el sistema de incentivos de la política. Un ejemplo citado es el incentivo actual de los políticos, que a menudo se centra en la permanencia en el poder y en asegurar la sucesión a sus allegados al finalizar sus mandatos.
En provincias con altos índices de pobreza, esto se traduce en mayor empleo público e inversiones que buscan visibilidad para facilitar las reelecciones. Una dinámica similar se observa en las provincias petroleras y mineras, donde los recursos externos y los votos confluyen.
En contraste, pocas provincias exhiben una dinámica productiva vigorosa y un alineamiento de incentivos con el desarrollo económico, donde la población depende más del empleo privado que de beneficios públicos. La provincia de Córdoba se destaca como un ejemplo de políticas de desarrollo con una gestión multinivel, coordinando gobernadores, intendentes y el sector privado.
En el ámbito educativo, la ONG “Argentinos por la Educación” advierte que, de cada cien niños que comienzan la primaria, apenas diez terminan la secundaria con capacidades adecuadas en lectoescritura y matemáticas. Este dato sitúa a Argentina detrás de países como Chile, Uruguay, Perú, México y Brasil en el ranking latinoamericano. Históricamente, no hay ejemplos de éxito económico inclusivo en el mundo con una población sin educación, y el avance de la Inteligencia Artificial exige nuevas capacidades que el sistema universitario argentino aún no incorpora plenamente.
La política pública actual no prioriza la educación, la ciencia ni la tecnología, a pesar de que estas son condiciones indispensables para el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo de calidad.
En Argentina, el INTA y el INTI son dos organismos que contribuyen a la gestión del desarrollo. Se subraya la necesidad de una mejora sustancial en ellos, en lugar del menosprecio actual. Se sugiere, entre otras medidas, la apertura de oficinas en Estados Unidos, Europa y China para promover intercambios y asegurar una respuesta ágil de las empresas nacionales a las innovaciones de los países líderes.
Es importante comprender que ningún país exitoso ha prosperado sin el respaldo de este tipo de organizaciones. Se mencionan ejemplos internacionales:
En Estados Unidos: NSF, DARPA, SBA y SBDC (de los estados) junto a otras agencias estaduales que, en colaboración con universidades, apoyan el desarrollo, especialmente el de las pymes. En Alemania: Fraunhofer Institute, IDOS y la red DAFA. En Finlandia: VTT, LUKE y Business Finland. En Corea del Sur: KOTRA. En Chile: INDAP, Pro-Chile y CORFO. En Brasil: SEBRAE, INMETRO y EMBRAPA, además del BNDES y bancos de desarrollo regional. En Israel: ISMEA, IIA y VOLCANI. También destacan el FEDER y el EIT en la Unión Europea, y organizaciones locales como SPRI en el País Vasco (España) y Art-Er en Emilia Romagna (Italia).
La advertencia es clara: sin incentivos transparentes para el funcionamiento social y estatal, sin educación de calidad, sin ciencia y tecnología priorizadas, y sin organizaciones de apoyo que promuevan el desarrollo empresarial (en particular de las pymes), no es realista esperar que el agro, la minería, los hidrocarburos y los superávits comerciales por sí solos generen suficientes puestos de trabajo formales para erradicar la pobreza.
Carlos Seggiaro, un destacado economista cordobés, ilustra un futuro distópico con el ejemplo de Sudáfrica. Este país, siendo el mayor exportador mundial de platino y cromo, y un gran proveedor global de oro, manganeso, vanadio, hierro y diamantes, además de exportar carbón, cítricos, maíz, vino y lana, aún enfrenta una pobreza que supera el 55% de su población.
En contraste, Israel, una economía centrada en la educación, la innovación y la ciencia y tecnología, carece de recursos naturales significativos. Sin embargo, su PBI per cápita es comparable al de Alemania, y su distribución del ingreso es considerablemente mejor que la de Argentina y, obviamente, que la de Sudáfrica.
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