La Federación de Inquilinos Agrupados en Neuquén ha expresado su enérgico rechazo a las nuevas normativas judiciales provinciales. Advierten que la aceleración de los plazos para los desalojos intensificará la crisis habitacional que ya afecta a la región, en un contexto de desregulación del mercado y elevado endeudamiento familiar.
La implementación de los llamados «desalojos exprés» en Neuquén ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales y defensoras de los derechos a la vivienda. Federico Prior, abogado e integrante de la Federación de Inquilinos Agrupados, analizó el impacto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, vigente desde el 1 de agosto, y del proyecto nacional sobre «inviolabilidad de la propiedad privada». Según Prior, estas disposiciones actúan como un mecanismo que agrava la indefensión de quienes no poseen vivienda propia.
“Es como el complemento perfecto para la situación que vivimos los inquilinos: una desregulación total, sin ley de alquileres y un endeudamiento familiar altísimo”, explicó Prior. El panorama actual del mercado inmobiliario se caracteriza por una marcada informalidad, con numerosos acuerdos verbales y la ausencia de recibos oficiales, lo que deja a los arrendatarios en una posición de gran vulnerabilidad frente a cualquier reclamo o abuso.
El nuevo marco normativo establece plazos muy cortos para las familias que, debido a la crisis económica, se retrasan en el pago del alquiler. En algunos casos, se otorgan apenas diez días para regularizar una deuda y otros diez para abonarla antes de que se inicie formalmente el proceso de desalojo. “Te dan plazos en los que es imposible encontrar otro lugar, reunir el dinero para pagar los tres meses que suelen pedir para ingresar a un alquiler nuevo y, además, afrontar una deuda previa”, señaló el abogado.
A esta dificultad se suma la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales. Cuando una familia —con niños, personas con discapacidad o jubilados— es expulsada de su hogar por razones económicas, no existen organismos públicos que garanticen alternativas transitorias ni mediaciones efectivas. “El Estado está completamente ausente en este asunto o, mejor dicho, su función hoy se limita a garantizar negocios y acumulación de rentabilidad”, afirmó Prior.
En la región, esta tensión se agudiza por el efecto de Vaca Muerta y la migración interna. Estos factores han disparado la especulación inmobiliaria, posicionando a la capital neuquina entre las tres ciudades con los alquileres más caros de Argentina.
Frente a una realidad donde un número creciente de hogares destina más del 50% de sus ingresos formales al pago de la vivienda, las agrupaciones de inquilinos promueven un conjunto de medidas para reequilibrar la situación.
Entre las propuestas locales se destacan la regulación de la comisión inmobiliaria —para que sea abonada por el propietario que contrata el servicio, y no por el inquilino, como ya ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Pampa— y la fijación de plazos mínimos de previsibilidad para los contratos. Asimismo, Prior sugirió la necesidad de imponer penalizaciones impositivas a la vivienda ociosa y de crear programas en los que el propio Estado provincial gestione inmuebles para alquiler tradicional, contrarrestando así el vaciamiento del mercado que genera el auge del alquiler temporario y turístico.
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