La municipalidad de Neuquén ha expresado su preocupación por la actual distribución de los ingresos generados por la actividad de Vaca Muerta. El cuestionamiento se centra en la disparidad entre los recursos que perciben la provincia y los municipios, en comparación con lo que recibe el Estado nacional.
Esta postura surge de un informe económico elaborado por el equipo municipal, que analizó detenidamente los datos de la producción hidrocarburífera y el esquema de reparto de los fondos. El análisis revela una brecha significativa en la participación de los distintos niveles de gobierno.
Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, aclaró que el debate no busca minimizar la importancia estratégica de Vaca Muerta, sino poner el foco en la equidad de su distribución. «Por cada barril de petróleo que sale de Vaca Muerta, el gobierno nacional se queda con más del doble de lo que recibe la provincia de Neuquén y, en consecuencia, muchísimo más de lo que recibe la ciudad», afirmó el funcionario.
Schpoliansky detalló la magnitud de esta desigualdad: de cada 100 dólares que genera la actividad en el yacimiento, aproximadamente 27 dólares son percibidos por el Estado nacional, principalmente a través de retenciones e impuestos federales. Esta situación, según el secretario, cobra mayor relevancia en el actual contexto, donde el gobierno nacional ha decidido reducir drásticamente el financiamiento de obras y programas con fondos propios.
«Cuando un gobierno nacional toma la decisión de, por ejemplo, no hacer un kilómetro de ruta en ningún lugar del país o ninguna obra pública, está afectando esa distribución que antes mantenía con provincias y municipios», enfatizó Schpoliansky. En contraste, señaló que la municipalidad de Neuquén continúa desarrollando obras y políticas públicas con recursos propios.
El secretario ilustró esta diferencia con cifras: «Mientras el gobierno municipal reinvierte sus 0,6 dólares en obras, el gobierno nacional no invierte ni un peso de lo que recibe de Vaca Muerta ni en la ciudad, ni en la provincia».
Además, Schpoliansky cuestionó el actual esquema de costos de la energía eléctrica. Aunque el recurso se produce en la propia región, la estructura tarifaria incorpora costos de transporte que, a su juicio, generan distorsiones en el precio final para los consumidores locales.
Finalmente, el funcionario manifestó que la discusión sobre una distribución más justa y equitativa debería tener lugar en el Congreso. «Si uno piensa en un país federal como el nuestro, donde el dueño del recurso son las provincias, uno podría esperar que la distribución fuera un poco más justa hacia el dueño del recurso», concluyó Schpoliansky.
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