El juez de garantías Juan Manuel Kees ha confirmado el envío a juicio de los tres acusados por el delito de contaminación peligrosa para la salud, vinculado al basurero petrolero que la empresa Comarsa dejó en el Parque Industrial Neuquén. Más de un centenar de testigos fueron aceptados para la causa, incluyendo a varios funcionarios provinciales y municipales. Sin embargo, no testificarán el CEO de YPF, Horacio Marín, ni los ex gobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, cuyas citaciones fueron desestimadas por el magistrado.
La resolución se dio a conocer hoy pasadas las 14, con presencia de público en la sala. Solo uno de los imputados estuvo presente; los otros dos siguieron la definición judicial por videoconferencia. La identidad de los acusados permanece bajo reserva por una resolución previa del juez Ravizzoli.
El juez Kees no hizo lugar al pedido de la fiscalía especializada en delitos ambientales para que el proceso oral y público se realizara con un jurado popular. Argumentó que, si bien simpatiza con esa modalidad, no tiene la facultad legal para definirla. Recordó que la pena máxima para los delitos imputados es de diez años de prisión, y la fiscalía ha adelantado que solicitará penas superiores a los tres años, dependiendo de la responsabilidad individual de cada acusado.
En lugar de un jurado, el juicio será llevado a cabo por un tribunal colegiado. La participación ciudadana se garantizará a través de la asistencia del público y la intervención de querellas como la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Además, en una intervención paralela ante el Tribunal Superior de Justicia, se contará con la figura de amicus curiae por parte del INECIP y la Fundación Ambiente.
El juez Kees también rechazó los pedidos de sobreseimiento para dos gerentes que estuvieron a cargo de Comarsa entre 2013 y 2016. Su decisión se fundamentó en que su rol no se limitó a su posición jerárquica dentro de la empresa. Durante su gestión, los gerentes mantuvieron reuniones con autoridades provinciales y negociaron contratos con YPF, y la fiscalía logró probar su participación efectiva en la gestión inadecuada de los residuos peligrosos vertidos directamente sobre el suelo.
Según el juez, la empresa “recibió constantemente material que no estaban tratando” y los gerentes “participaron del hecho punible” junto con el dueño. Por ello, consideró “correcta la calificación legal para elevar la causa a juicio”, aunque la determinación de la participación específica de cada uno se establecerá durante el proceso.
De los noventa y un testigos ofrecidos por la fiscalía, la mayoría fueron aceptados. Se desestimaron algunos casos por considerarse redundantes, así como el testimonio de un contador profesional que podría contravenir el secreto profesional. Entre los convocados figuran funcionarios de primera línea de la subsecretaría de Ambiente de la provincia, del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), de la municipalidad de Neuquén y una especialista en Medio Ambiente. No se admitieron las citaciones a los ex gobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, ni al CEO de YPF, Horacio Marín, al entender que sus posibles aportes se referían a “hechos públicos y notorios”.
El fiscal Breide Obeid expresó su convencimiento de que este tipo de casos deberían ser juzgados por un jurado popular, destacando la importancia de la participación ciudadana. A pesar de la decisión judicial de optar por jueces profesionales, el fiscal manifestó: “lo más importante es que se llega a juicio, tenemos la esperanza luego de tantos años de investigación, llegar a esta instancia”.
Respecto a los sobreseimientos dictados por defraudación a los tres acusados, el fiscal explicó que la materialidad del hecho estaba probada. Sin embargo, en el avance de la investigación, se detectaron varios delitos, como la presentación de balances falsos, que para el período 2014-2020 (hasta la formalización de la denuncia) ya estaban prescriptos. Si bien la figura de fraude subsistía, el juez consideró que no había elementos suficientes para sostenerla.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debe resolver antes del 5 de noviembre un pedido de las defensas para que se les conceda una probation a los tres imputados y así evitar el juicio. La propuesta de los defensores consiste en tres años de buena conducta, la remoción de la montaña de lodos empetrolados del Parque Industrial Oeste y Distrito 6, y la entrega de equipamiento para el hospital regional.
La acusación no solo se centra en la contaminación peligrosa para la salud, sino también en la ocupación ilegal de un terreno municipal con residuos peligrosos. Este predio, donde debía pasar la calle Soldi, estaba destinado por la municipalidad a la conexión de servicios para el Distrito 6, una zona donde se desarrollan más de 400 lotes con servicios.
El fiscal Breide Obeid relató que una cooperativa había solicitado a Comarsa pasar servicios subterráneos por esa área, pero se le indicó que no era viable. El propio dueño de la empresa confirmó en el juicio que desconoce la cantidad de material enterrado, lo que hace que tender cañerías por allí sea un riesgo no solo para el predio, sino también para los futuros habitantes.
Breide insistió en que hasta que no se retire el material contaminante de la superficie –proceso que ya se está realizando–, no será posible conocer la verdadera dimensión de la zona de la barda afectada. En febrero, se encontró el mismo tipo de material peligroso que ahora se transporta a Añelo a…
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