A un mes de la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén, la discusión sobre el modelo de justicia deseado para los ciudadanos cobra mayor relevancia. Mientras algunos ven la reforma con nostalgia por los procedimientos anteriores o como una complicación operativa, es fundamental destacar que este código salda una deuda histórica con la sociedad. Su propósito es modernizar el método de debate judicial, alineando el proceso civil con los principios fundamentales de nuestra Constitución.
A continuación, presentamos cuatro puntos clave que ilustran el sentido garantista, republicano e innovador de esta nueva ley.
1. El Legado de Alberdi: Superando el Atraso Inquisitivo
Esta reforma va más allá de un simple cambio de trámite; representa la superación de un atraso metodológico de más de 170 años. Hay un vínculo directo entre el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, la Constitución Nacional de 1853 y este nuevo código. Los constituyentes de entonces, aun con terminología novedosa para la práctica local, ya delineaban un modelo de debate donde el conflicto pertenece a las partes y el juez tiene prohibido investigar y juzgar simultáneamente, como ocurría en el sistema recién abandonado.
Desde las bases constitucionales, Alberdi defendió el modelo adversarial del juicio por jurados como garantía de libertad, aunque reconoció que su plena aplicación requeriría tiempo, formación ciudadana y reformas graduales. Los procedimientos escritos y secretos, con jueces que también investigaban, eran incompatibles con el horizonte de publicidad, contradicción e inmediación. Aunque todavía estemos lejos de esa visión, el camino trazado por los legisladores neuquinos es el correcto.
2. Protección Ciudadana: Rigor Conceptual y Acuerdos Procesales
Lejos de ser una norma confusa, el código restablece la precisión conceptual necesaria para evitar la arbitrariedad. Además, introduce una herramienta transformadora: la capacidad de que las partes, no el juez, celebren acuerdos probatorios. Esto promete acortar significativamente los plazos y eliminar discusiones innecesarias, sin la pasiva espera de la intervención del tribunal.
En lugar de desamparar al solicitante, la norma lo protege de la discrecionalidad judicial. Un principio procesal no es un mero capricho académico; es la garantía de que todos, incluso el poderoso de turno, serán juzgados bajo las mismas reglas preestablecidas y transparentes.
3. De la Inercia a la Excelencia Profesional
En el fondo, las críticas a la reforma a menudo van más allá de la simple desconfianza ante lo nuevo. Revelan un cierto apego a la falsa seguridad del antiguo trámite, impidiendo una visión a largo plazo. Como sucede con toda obra legislativa, su análisis debe considerar sus efectos reales, aunque no sean inmediatamente evidentes.
El nuevo código impulsa imperiosamente la excelencia: exige a los abogados una constante actualización y un ejercicio con mayor rigor técnico. Por ello, la norma sanciona con severidad la mala fe y las maniobras dilatorias, siguiendo el exitoso camino que ya transitó el fuero penal neuquino con su reforma de 2014. El juez deja de ser un auxiliar probatorio para el profesional descuidado y se convierte en un árbitro neutral frente a dos partes técnicamente solventes.
4. Más Allá de la Parálisis Inicial: El Verdadero Desafío
Atribuir la lentitud inicial o la devolución de escritos del primer mes a un fallo estructural es una visión de corto alcance. Toda transición genera tensiones de adaptación. El verdadero riesgo de observar solo lo superficial es no percibir que la fricción actual es un síntoma saludable de un cambio genuino. Asumir la responsabilidad en un marco de debate transparente e igualitario no es un obstáculo, sino el único camino para consolidar una justicia moderna y respetuosa de las garantías individuales.
Desde Publius en El Federalista hasta Juan Bautista Alberdi, la tradición republicana siempre tuvo una obsesión: contener la tendencia humana al abuso de poder. En ese recorrido constitucional, la independencia e imparcialidad del juez sigue siendo el verdadero límite frente a cualquier “vórtice impetuoso”. Un juez que no toma partido y se mantiene como árbitro neutral es la última garantía para el ciudadano de a pie, asegurando que la fuerza del poderoso también se subordine a la autoridad de la ley.