El intendente Mariano Gaido ha presentado una propuesta para reformar el artículo 53 de la Carta Orgánica, buscando establecer un límite definitivo en veinte el número de concejales de la ciudad. La normativa original, diseñada por los convencionales, preveía una integración inicial de diecisiete ediles y contemplaba un aumento progresivo hasta un máximo de treinta bancas, en sintonía con el crecimiento poblacional.
Esta iniciativa no es un detalle menor. La Carta Orgánica fue concebida para una ciudad en expansión, estableciendo una correlación directa entre el tamaño de la población y su representación legislativa. Con la actual demografía, Neuquén se encamina naturalmente a tener veinte concejales. La propuesta de Gaido busca transformar este umbral de veinte en un techo inamovible, impidiendo que el Concejo incremente sus bancas, aun si la población de la ciudad continúa su considerable crecimiento en el futuro.
La primera distinción entre el discurso y su efecto tangible es clara: la iniciativa no busca una reducción inmediata del número de concejales, sino evitar su futuro incremento. Por ende, el impacto directo sobre el gasto municipal a corto plazo sería acotado. La argumentación del «ahorro» se configura, en este contexto, más como una estrategia política que como una medida fiscal de impacto instantáneo.
Para contextualizar esta discusión, el presupuesto municipal de 2026 asciende a cerca de 557.000 millones de pesos. De este total, un 2% —aproximadamente 11.140 millones de pesos— se asigna al conjunto de organismos descentralizados, que comprende no solo al Concejo Deliberante, sino también a la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura. Es importante señalar que la información presupuestaria disponible no permite desagregar cuánto de este monto corresponde específicamente al funcionamiento del Concejo.
La otra vertiente de esta discusión es puramente política. El Concejo actual cuenta con dieciocho integrantes, distribuidos en doce bloques. Esta fragmentación puede interpretarse tanto como un desafío para la construcción de mayorías estables, como una fiel expresión de la diversidad política de una ciudad que ha trascendido los sistemas de partidos tradicionales de décadas pasadas.
La historia política argentina invita a la cautela ante reformas que se presentan como soluciones sencillas. Inés Pousadela, en su análisis de los intentos reformistas entre 1997 y 2007, citó a Raúl Granillo Ocampo, quien sostenía que «Es muy difícil que la reforma política pueda producirse a corto plazo, puesto que quienes tenemos que proveerla somos, a la vez, beneficiarios de este sistema”. El estudio de Pousadela revela que muchos proyectos de reforma no prosperaron y que aquellos concretados después de la crisis de 2001 no lograron transformar el sistema en la medida esperada.
El intendente Gaido impulsa esta discusión en la fase final de sus ocho años de gestión, una trayectoria marcada significativamente por la obra pública, a la que se destina más del 40% de los recursos municipales. En un contexto de crecimiento urbano y fuerte inversión, esta propuesta sobre el «costo de la política» emerge como una nueva bandera para culminar su ciclo de gobierno.
Los convencionales que redactaron la Carta Orgánica proyectaron un máximo de treinta concejales, previendo un crecimiento urbano que eventualmente demandaría tal nivel de representación. La iniciativa de Gaido, en cambio, sugiere que, aunque la ciudad de Neuquén continúe expandiéndose, su representación legislativa debería estabilizarse en veinte. Esta es una decisión política legítima, sujeta a debate y votación, pero no equivale a una reducción del gasto público en el presente.
El proyecto del intendente, en esencia, podría configurar una reforma de las normas de representación. No obstante, si se lo presenta exclusivamente como una medida para reducir el costo de la política, existe el riesgo de prometer un ahorro cuya magnitud los datos actuales no permiten cuantificar. La carga épica puede ser política, pero el ahorro real siempre requiere de números claros.