La Legislatura de Neuquén analiza un proyecto de ley que busca modernizar significativamente el proceso de afiliación y renuncia a los partidos políticos. La propuesta eliminaría la necesidad de fichas en papel y certificaciones presenciales, permitiendo realizar estos trámites de manera completamente digital, desde un teléfono celular.
La iniciativa es impulsada por la diputada peronista Lorena Parrilli y plantea la creación del Sistema de Afiliación y Desafiliación Libre y Digital (SADID), una plataforma que sería administrada por la Justicia Electoral provincial. A través de este sistema, los ciudadanos podrían iniciar sus gestiones por internet, utilizando validación biométrica o firma digital.
El objetivo central, según el texto del proyecto, es triple: modernizar el padrón de afiliados, facilitar la participación ciudadana y mitigar los conflictos derivados de afiliaciones irregulares. Actualmente, la Ley 716 de partidos políticos, en su artículo 40, inciso c), exige que toda solicitud de afiliación sea suscrita en papel mediante fichas cuadruplicadas. La autenticidad de estas fichas debe ser certificada por autoridades partidarias, conservándose dos ejemplares en el partido y dos en la Justicia Electoral.
Para la diputada Parrilli, este mecanismo, que fue diseñado en una época sin la conectividad digital actual, presenta una serie de limitaciones. «Para afiliarse, el ciudadano debe acercarse físicamente a un local partidario. Esta exigencia pesa especialmente sobre quienes residen en localidades alejadas de los centros urbanos, que en Neuquén son numerosas dada la geografía de la provincia», explicó la legisladora, subrayando la barrera que esto representa para la participación.
Además de la dificultad geográfica, Parrilli señaló que la certificación en papel ha generado problemas en distintos distritos del país, como afiliaciones sin consentimiento, firmas falsificadas y la consecuente desactualización de los padrones.
Respecto a la desafiliación, la Ley 716 establece que debe hacerse mediante «renuncia expresa por telegrama colacionado u otra forma fehaciente». Esta exigencia, en la práctica, se convierte en un obstáculo burocrático que afecta directamente el derecho a la libre renuncia, que la propia norma busca garantizar.
Es importante destacar que el proyecto contempla mantener el formato papel para aquellos ciudadanos que lo prefieran o que no dispongan de acceso digital, asegurando así la inclusión y la libertad de elección en el proceso.
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