El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén ha iniciado una investigación penal que sacude el proceso por el transfemicidio de Azul Semeñenko. El foco de la pesquisa está puesto en una perito ofrecida por la defensa de Roberto Daniel Sánchez, único imputado en la causa, por la presunta comisión de delitos relacionados con el ejercicio ilegal de una profesión y la falsificación de documentación.
El anuncio fue realizado por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto al fiscal jefe Agustín García, durante la audiencia de control de acusación que busca cerrar la etapa investigativa y habilitar el juicio oral. En la misma jornada, donde también intervinieron las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry, Inaudi confirmó que, tras analizar las pruebas documentales presentadas por la defensa, se formará un legajo autónomo, cuyos antecedentes ya fueron remitidos a la fiscalía de Delitos Económicos para su juzgamiento.
Las primeras señales de alerta surgieron el 30 de diciembre pasado, durante el control de detención del imputado. En aquel momento, la querella advirtió inconsistencias en la matrícula habilitante de la profesional, lo que llevó a notificar debidamente a la defensa sobre los cuestionamientos a sus credenciales.
Pese a las advertencias iniciales, la defensa volvió a convocar a la misma profesional como perito de parte para la etapa de juicio. En esta ocasión, presentó un currículum vitae actualizado y un “Informe Médico Legal” sobre el acusado, redactado y firmado por ella misma.
Según la documentación, la mujer se atribuía los títulos de “Perito Médico de Oficio del Poder Judicial de la Nación”, “Médico Psiquiatra Especialista en Psiquiatría Forense” y “Perito Médico Legista y Forense”. Además, afirmaba haber egresado de la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Ante estas afirmaciones, el MPF procedió de inmediato a verificar los datos en los registros públicos de matrículas profesionales. Las consultas oficiales revelaron que no existe correspondencia entre los números de matrícula indicados y la identidad de la supuesta médica. Paralelamente, la solicitud enviada a la UBA confirmó la falsedad de su título de grado, informando que la mujer solo registra el egreso del curso de técnica auxiliar en radiología, descartando cualquier título de médica a su nombre.
El Registro Nacional de Reincidencia sumó más datos a la investigación, revelando dos condenas previas para la mujer: una en 2020 a seis meses de prisión en suspenso por ejercicio ilegal de la medicina, y otra en 2022 a un año y dos meses por estafa, usurpación de título y uso de documento público falso.
Tras remitir las actuaciones al fiscal Juan Narvaez de Delitos Económicos, la causa principal aguarda la resolución del juez de garantías Juan Guaita. El próximo lunes se determinará la validez del material probatorio, la situación de la perito y el pedido de elevar la causa a un juicio por Jurado Popular.
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