Neuquén atraviesa otra jornada de alta tensión institucional con una causa que combina fondos públicos, organizaciones sociales, exfuncionarios y una discusión incómoda: quién firma, quién ejecuta y quién responde.
En el centro aparece el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, quien acumuló una segunda denuncia consecutiva por presunta administración fraudulenta, ahora vinculada a giros de fondos a la cooperativa Viento Sur y a organizaciones sociales para supuestas capacitaciones.
La acusación apunta a hechos ocurridos entre julio de 2022 y diciembre de 2023 y menciona un monto a valores históricos de $1.208.657.600.
El punto caliente: el decreto y la responsabilidad política
La defensa de Di Luca plantea una línea argumental directa: el programa habría sido creado por decreto, y el ministro habría actuado “refrendando” una decisión del Ejecutivo. En ese marco, en Río Negro se consigna que el decreto mencionado es el 1672/22, con firma digital de Di Luca el 18 de agosto de 2022 y la del entonces gobernador Omar Gutiérrez casi dos horas después.
Ese detalle es relevante porque abre un debate que en Argentina se repite:
- Si el decreto lo crea el Ejecutivo, ¿el ministro es “responsable operativo” o “responsable político” o ambas cosas?
- Si la ejecución administrativa habilita pagos, ¿quién controla que el servicio exista?
- Y si el servicio “no se realizó”, ¿por qué el circuito financiero siguió avanzando?
La causa por “organizaciones sociales”
La investigación por el manejo de fondos destinados a organizaciones sociales se retomó con la formulación/extendido de cargos contra Di Luca y Germán Chapino, acusados de administración fraudulenta.
Allí se menciona nuevamente el perjuicio económico estimado en $1.208.657.600 y se describe la teoría del caso: un presunto esquema de desvío de fondos para capacitaciones que “no se realizaron”, con ministros que habrían autorizado pagos.
Por qué esta historia importa más allá del expediente
No es solo un caso judicial. Es un capítulo de una discusión más amplia sobre gestión del Estado, mecanismos de control, y el vínculo (siempre explosivo) entre política, programas sociales y conflicto en la calle.
Cada vez que un caso así se instala, el daño es doble:
- Económico, si efectivamente hubo perjuicio al Estado.
- Simbólico, porque erosiona confianza en herramientas que deberían existir para asistir, capacitar e insertar laboralmente.
Neuquén no discute solo números: discute credibilidad. Y en sociedades con crisis recurrentes, la credibilidad es un recurso tan escaso como el presupuesto.