Nicaragua Sin Votos: Ortega Anula Elecciones y Provoca Fuerte Alerta de Washington

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país no celebrará más elecciones, una medida que ha levantado temores sobre el avance hacia un modelo de partido único y que ha provocado una inmediata y enérgica advertencia de Estados Unidos, que aseguró no se quedará «de brazos cruzados».

La declaración llegó del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien a través de una publicación en la red social X, afirmó que la Administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional «no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (…) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos». Rubio añadió que «abolir» las elecciones «demuestra su cobardía y miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense».

Este anuncio también fue repudiado por otros actores internacionales. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo que «el régimen abandonó la democracia», mientras que el gobierno de Costa Rica llamó a consultas a su embajador en Managua.

Ortega, de 80 años, hizo estas declaraciones el último domingo, durante la conmemoración del 47° aniversario de la revolución sandinista. En su discurso, advirtió que «en Nicaragua no volverá a haber elecciones» en las que «partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)» puedan tomar el poder. En respuesta a estas «orientaciones presidenciales», la Asamblea Nacional nicaragüense informó este martes que ha iniciado el «análisis» de reformas para cumplirlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han ejercido un poder absoluto durante 30 años, incluyendo su primer período y 19 de forma consecutiva. Han desarticulado a la oposición interna, a pesar de las masivas protestas de 2018, que dejaron cerca de 300 muertos. Estas manifestaciones fueron calificadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Washington ha impuesto sanciones al gobierno nicaragüense, como la restricción de visados a más de 2.350 funcionarios y sus familiares. Sin embargo, estas medidas no han escalado al nivel de las aplicadas a Cuba, cuya economía ha sido sometida a una severa presión.

A fines de 2024, una reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó a Rosario Murillo al rango de copresidenta. Con estas nuevas reglas, Nicaragua debería haber celebrado elecciones generales el año que viene.

Los últimos comicios, realizados en noviembre de 2021, tuvieron lugar tras el encarcelamiento de opositores que podrían haber disputado la presidencia. Ortega se impuso ampliamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la ex-guerrilla que en julio de 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza. La reforma constitucional que siguió definió a Nicaragua como un Estado «revolucionario» y «socialista», y elevó la bandera rojinegra del FSLN a símbolo patrio.

Dirigentes opositores consultados por la Agencia de Noticias AFP coinciden en que el anuncio de Ortega oculta el temor a perder en una elección competitiva. Consideran que el líder busca avanzar hacia un régimen similar al de Cuba, donde el Partido Comunista es el único reconocido legalmente y los candidatos son nominados por asambleas vecinales u organizaciones civiles afines al gobierno.

Félix Maradiaga, exaspirante presidencial, ex-preso político, despojado de su nacionalidad y exiliado en Estados Unidos, declaró que «Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (…), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país».

Muchos activistas opositores, intelectuales, periodistas y religiosos han partido al exilio, algunos después de años en prisión. Alrededor de 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad y bienes. Además, hace dos semanas, el gobierno eliminó los permisos de trabajo a unos 2.000 abogados, según reportaron medios nicaragüenses en el exilio.

Opositores sugieren que Rosario Murillo está llevando a cabo una purga interna, manteniendo en prisión a unos 200 copartidarios. Esto se interpretaría como una medida preventiva ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien padece lupus, una enfermedad crónica autoinmune, e insuficiencia renal, una condición donde los riñones pierden la capacidad de filtrar adecuadamente los desechos de la sangre.