Nueva York ha marcado un punto de inflexión en la regulación de los seguros de automóviles. En julio de 2026, la gobernadora Kathy Hochul anunció nuevas directrices del Departamento de Servicios Financieros (DFS) que buscan reducir el costo de las pólizas y combatir el fraude. Estas medidas responden a un panorama donde “leyes obsoletas, lagunas legales que favorecen a intereses particulares e indemnizaciones millonarias a personas con malas intenciones han obligado durante mucho tiempo a pagar algunas de las primas de seguro de automóvil más altas del país”, según afirmó la gobernadora.
La circular 3/2026 del DFS detalla estas modificaciones, que incluyen cambios en las normas sobre fraude, indemnizaciones por accidentes y aprobación de cotizaciones. El objetivo central es mitigar los factores que encarecen las pólizas y fortalecer la supervisión estatal. El cambio más significativo establece que, a partir del 27 de noviembre de 2026, las aseguradoras necesitarán la aprobación previa del superintendente de Servicios Financieros para implementar aumentos de hasta un 5% en el nivel promedio general de tarifas. Por el contrario, las disminuciones de hasta un 5% seguirán permitiéndose sin dicha aprobación.
Es importante destacar que las solicitudes de tarifas presentadas antes del 27 de noviembre de 2026 continuarán bajo las disposiciones vigentes de tarifas flexibles. Este sistema de tarifas flexibles está programado para ser derogado el 27 de mayo de 2030. A partir de esa fecha, todos los aumentos tarifarios estarán sujetos a la aprobación previa del regulador, consolidando aún más el control estatal.
Esta intervención estatal busca aliviar la carga económica que enfrentan los conductores neoyorquinos. Datos del gobierno estatal revelan que el promedio anual pagado por seguro de auto en Nueva York supera los 4.000 dólares, una cifra que excede en casi 1.500 dólares el promedio nacional.
Las reformas de Hochul también se enfocan en endurecer las sanciones contra el fraude. El presupuesto del Año Fiscal 2027 autoriza a los fiscales a imputar cargos penales no solo a los conductores involucrados en accidentes falsos, sino también a cualquier persona que participe en la planificación de estas estafas. Además, se han establecido límites para las indemnizaciones en situaciones donde el conductor haya cometido delitos al momento del accidente. Esto incluye a automovilistas sin seguro, conductores ebrios o individuos implicados en delitos graves, con el fin de evitar pagos desproporcionados que terminen elevando el costo de las pólizas para el resto de los usuarios.
Otro punto clave es la modificación de la definición legal de “lesión grave”. Las demandas por dolor, sufrimiento o daño emocional requerirán ahora pruebas objetivas más rigurosas. La administración Hochul argumenta que el sistema anterior permitía reclamos considerados excesivos. Asimismo, el estado limitará las demandas de conductores con la mayor responsabilidad en un siniestro, impidiendo que quienes sean considerados principalmente culpables reclamen compensaciones desproporcionadas. Esta medida alinea a Nueva York con el modelo ya adoptado por la mayoría de los estados del país.