La Cámara de Diputados dispuso que todos los legisladores que concluyan su mandato o cesen en sus funciones deberán devolver los despachos, oficinas, mobiliario y equipamiento electrónico asignados durante su gestión. La medida fue firmada por Martín Menem y apunta a ordenar la transición parlamentaria y evitar negociaciones informales sobre la entrega de espacios.
La resolución, emitida el 14 de noviembre en Buenos Aires, acompaña la renovación legislativa prevista para el 10 de diciembre. El texto recuerda que la obligación de rendir cuentas sobre los bienes públicos está respaldada por la Constitución Nacional, la Ley 24.156 y la Ley 25.188, que exigen la correcta administración y restitución del patrimonio estatal.
La normativa retoma lo establecido en el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso, vigente desde 2019, que ya incluía la responsabilidad individual de cada diputado sobre los bienes asignados. La falta de devolución, indica la resolución, afecta la transparencia y dificulta la reorganización edilicia del Congreso.
El procedimiento es concreto. Los legisladores deberán restituir la totalidad de los bienes y espacios hasta el 9 de diciembre. En casos de cese anticipado, el plazo será de 48 horas desde la notificación formal. Las autoridades de todos los bloques también deberán entregar sus despachos en la misma fecha límite.
El régimen incorpora sanciones económicas. Si un legislador no devuelve los bienes, se aplicará un descuento en la última dieta, equivalente al valor de lo adeudado. Si el monto supera la liquidación final y no se abona la diferencia, el Servicio Jurídico Permanente iniciará acciones para recuperar los bienes o su valor.
La medida también faculta a la Dirección General de Recursos Humanos y al Departamento de Patrimonio a ejecutar las retenciones necesarias. La Cámara subraya que los recursos edilicios y materiales son patrimonio común y que su restitución garantiza una distribución funcional y ordenada.
La resolución deroga normas previas y establece que la última dieta solo se pagará una vez completada la devolución. El objetivo es reforzar los mecanismos de control y asegurar una transición ordenada en el Congreso.